El diputado nacional Pablo Juliano presentó una iniciativa para establecer un régimen de protección y desarrollo estratégico que declare al sector como política de Estado permanente, exigiendo mayorías especiales en el Congreso para cualquier decisión sobre su patrimonio.
El diputado nacional Pablo Juliano presentó un proyecto de ley para declarar de interés público nacional y blindar el sistema nuclear argentino, integrando a organismos, empresas, instalaciones y recursos humanos bajo una política de Estado permanente. La iniciativa, girada a las comisiones de Energía y Combustibles, Legislación General y Presupuesto y Hacienda, busca proteger los activos estatales frente a privatizaciones, garantizar financiamiento para proyectos clave como el CAREM, el RA-10 y la PIAP, y exigir una mayoría de dos tercios de los miembros presentes en ambas cámaras del Congreso para aprobar cualquier medida que afecte al patrimonio estratégico del sector.
Puntos Claves
- Protección patrimonial y candado legislativo: La propuesta prohíbe la privatización, transferencia o cesión de los activos y participaciones estatales en las entidades nucleares sin autorización previa, fijando como requisito una mayoría especial de dos tercios en el Congreso.
- Alcance estratégico: Declara de interés público permanente a organismos y empresas como la CNEA, Nucleoeléctrica Argentina, INVAP, Dioxitek, ENSI, además de las centrales, reactores de investigación y la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP).
- Impulso a la industria nacional: Prioriza la construcción de nuevas centrales con tecnologías que maximicen la participación de insumos locales y la transferencia efectiva de tecnología.
- Garantía para proyectos en curso: Asegura los recursos para el mantenimiento y operación de la PIAP en Neuquén, la continuidad del reactor multipropósito RA-10, el reactor modular CAREM y la integración del Centro Argentino de Protonterapia (CeArP).
La iniciativa apunta a resguardar una de las áreas tecnológicas más sensibles del país frente a cambios estructurales o transferencias inconsultas. Al blindar el patrimonio público mediante estrictos controles parlamentarios y asegurar el financiamiento de sus desarrollos científicos, el proyecto busca consolidar la autonomía tecnológica y la soberanía energética de la Argentina en el escenario global.
