El diputado nacional de la UCR cruzó al Gobierno por la disolución del organismo. Advirtió que la reestructuración no puede servir de “pantalla” para ignorar la Ley de Emergencia ni para ocultar el desvío de fondos que debían llegar a los beneficiarios.
La administración nacional avanza en su plan de reforma del Estado, y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) quedó en el centro de la tormenta. Sin embargo, para el diputado Pablo Juliano, el debate no debe agotarse en la eliminación de organigramas o el despido de personal, sino en las obligaciones que el Estado sigue incumpliendo.
A través de un contundente mensaje en sus redes sociales, Juliano desglosó lo que considera los dos ejes innegociables que el Ejecutivo intenta omitir:
“Pueden disolver la estructura de la Andis, pero no pueden dejar de hacer dos cosas:
1) Aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad aprobada por el Congreso (en cinco oportunidades).
2) Dar explicaciones sobre el famoso 3% que iba a bolsillos de funcionarios y no a personas con discapacidad.” — Pablo Juliano (@PabloJulianoLP).
Pueden disolver la estructura de la Andis, pero no pueden dejar de hacer dos cosas:
— Pablo Juliano (@PabloJulianoLP) December 30, 2025
1) Aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad aprobada por el Congreso (en cinco oportunidades).
2) Dar explicaciones sobre el famoso 3% que iba a bolsillos de funcionarios y no a personas con…
Los ejes del conflicto
El reclamo del legislador radical apunta a una doble vara en la gestión oficial. Por un lado, la continuidad jurídica; por el otro, la transparencia financiera.
- El peso de la Ley de Emergencia: Juliano recordó que el Congreso ha ratificado en cinco ocasiones la emergencia en el sector. Esto implica que, con o sin ANDIS, el Estado tiene el mandato legal de garantizar las prestaciones básicas. La disolución de una estructura administrativa no anula la vigencia de una ley nacional.
- La “caja” del 3%: El punto más incendiario de la declaración refiere a un presunto esquema de retornos o desvíos. Según el diputado, existiría un 3% de los fondos que históricamente se habría filtrado hacia la planta política. Su exigencia es clara: antes de “borrar” el organismo, el Gobierno debe explicar qué sucedió con ese dinero que nunca llegó a las personas con discapacidad.
- Gestión vs. Derecho: La crónica política actual muestra a un oficialismo enfocado en la “eficiencia” mediante el recorte, mientras la oposición parlamentaria —en este caso representada por Juliano— busca poner el foco en la trazabilidad del gasto y el respeto a las instituciones.
El reclamo de Juliano no solo busca impacto mediático, sino que prepara el terreno para posibles pedidos de informes en la Cámara de Diputados. La pregunta sobre el destino de los fondos y la operatividad de la Ley de Emergencia será, sin duda, un tema central en la agenda legislativa de las próximas semanas.
