La Comisión de Discapacidad de la Cámara baja dictaminó a favor de una resolución para que el Gobierno anule la medida dictada durante el menemismo.
La Comisión de Discapacidad aprobó por unanimidad un proyecto que reclama la derogación del Decreto 432/97, resolución que dictaminó el expresidente Carlos Menem para quitar las pensiones no contributivas a personas con discapacidad.
A principios de junio, sin previo aviso, el Ministerio de Desarrollo Social bajo la excusa de aplicar más condiciones y requisitos a quienes precisan acceder a una pensión reflotó el decreto del menemismo. La diputada Gabriela Troiano (PS) señaló que aunque debió dar marcha atrás con la medida, todavía hay beneficiarios a los que “no le han restituido la pensión que recibía”.
A la reunión estaba invitada la ministra Carolina Stanley, quien se ausentó alegando “problemas de agenda”. Al respecto, Troiano dijo: “Si la ministra aduce problemas de agenda es evidente que la preocupación por el tema no es tan grande como ha dicho. Realmente nos tiene más que preocupados porque a esta altura hay personas que tenían que operarse o hacerse tratamientos de rehabilitación que no los están iniciando”.
“El derecho de acceso a la salud es un derecho esencial y tiene que ver con garantizar una vida digna, muy lejos del sentido de la ley de pensiones que es de 1948 y el decreto reglamentario 432 que data de 1997, y tiene criterios de subsistencia e indigencia, ambos no tienen nada que ver con garantizar la calidad de vida digna. Con estos criterios el Ejecutivo tendría que derogar el decreto 432 y hacer uno que se ajuste a la legislación vigente y nosotros deberíamos convocar a la Comisión de Previsión de nuestra Cámara a que traten los proyectos que existen para personas con discapacidad que tienen una especificidad y realidad absolutamente diferentes a los otros regímenes jubilatorios o pensiones”, explicó la legisladora socialista.
Además, la comisión aprobó un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que explique los motivos por los cuales no deroga el decreto 118/06 que pone como límite a una persona con discapacidad por cada micro de 54 pasajeros.
