Una primera parte del año que no tuvo descanso en el verano, signada por la discusión de le Ley Bases, hasta el traspié de la primera versión.
La actividad de las comisiones fue bastante importante durante la primera mitad del año en ambas cámaras, con una característica saliente: debido a la decisión oficial de motorizar la ley de Bases durante el verano, las cámaras no entraron en receso en el verano y así se vio la casi inédita situación de ver trabajar a las comisiones en pleno enero.
Las más activas en ambas cámaras fueron las comisiones de Presupuesto y Hacienda: 16 veces se reunió la de Diputados, y 14 la del Senado. El podio en la Cámara baja lo completan Legislación Penal (14) y Previsión y Seguridad Social (10); mientras que en el Senado fueron Asuntos Constitucionales (10) y Legislación General (7), las tres ocupadas de tratar la Ley de Bases.
El 3 de enero se pusieron en marcha cuatro comisiones del Senado: Relaciones Exteriores y Culto, y Presupuesto y Hacienda, atento a los temas de extraordinarias que motivaban que fueran las primeras que necesitaría la Cámara alta. Ya constituidas, ese mismo día las dos primeras dieron dictamen a tres de los cinco acuerdos bilaterales puestos a consideración allí.
Ese mismo día se constituyeron las comisiones de Asuntos Constitucionales y la de Justicia y Asuntos Penales, que desempolvaron el proyecto de Boleta Única de Papel, que llevaba más de un año cajoneado en la Cámara alta. Incluido el tema en extraordinarias, la idea era avanzar con el estudio de esa iniciativa para llevarla al recinto cuanto antes. Hubiera sido la primera ley de la era Milei.
Al día siguiente se pusieron en marcha en Diputados también cuatro comisiones: las que se abocarían al debate de la Ley de Bases, Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales, y también la de Relaciones Exteriores, que en un principio también se había mencionado para formar parte de ese debate.
Abrió el fuego Presupuesto y Hacienda, que quedó en manos del por entonces aliado José Luis Espert, y en la que se dio inicio a la polémica planteada por Unión por la Patria, que a partir de la votación ganada en la sesión preparatoria de diciembre pasado creía que podría imponer su número en todas las comisiones. El bloque conducido por Germán Martínez ingresó a la sala una vez que los libertarios alcanzaron el número necesario para abrir la reunión y reclamaron el reparto de integrantes en las comisiones remarcando que en la sesión preparatoria se había acordado que sería por el sistema D’Hondt. Fue un reproche que aún mantienen y que hicieron sentir fuerte a lo largo de los primeros tiempos, tardando incluso en designar a sus miembros en las comisiones como señal de protesta.
Los diputados de UP denunciaron que además de no utilizarse el sistema acordado para repartir los puestos, las “empezaron a constituir informalmente con otros bloques sin anoticiarnos”. Por ello, pidieron que las votaciones de autoridades fueran “transparentes” para que no les robaran y no usurparan los cargos que entendían que les correspondían.
El 9 de enero comenzó el debate de la primera versión de lo que por entonces se conocía como “la ley ómnibus”. Fue una reunión informativa, en cuyo inicio Germán Martínez reclamó la presencia del entonces jefe de Gabinete, Nicolás Posse, el ministro de Economía Luis Caputo y el asesor Federico Sturzenegger, a quien se consideraba factótum de la Ley Bases, en esas informativas, además de protestar por el giro a solo tres comisiones, pues tocaba tantos temas que ese debate debía ser más abarcativo.
A esa primera reunión asistió el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, quien según se supo había sido otra de las “plumas” que trabajó en el polémico texto. Por tal motivo ese día habló sobre la reforma del Estado y volvió al día siguiente, para referirse enteramente al capítulo energético. También Rodolfo Barra, procurador del Tesoro, y el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, expusieron ese día.
Decididos a acelerar el debate, al día siguiente, 10 de enero, continuó el desfile de funcionarios, con la presencia de Guillermo Francos abriendo el juego esa jornada. Fue el día en que cobró conciencia de que la reforma política no tenía plafón para avanzar y decidió retirarla del proyecto. “Si no están los votos para la reforma electoral, eso no va a trabar el tratamiento de la ley”, aclaró.
A continuación fue el turno de la ministra Patricia Bullrich, que también procedió a retirar un artículo: fue aquel referido a reuniones con tres o más personas que, “al prestar confusión, lo retiramos”, anunció.
Para evitar mezclar todo, sigamos con Diputados, que tan decidido estaba a avanzar con la Ley Bases. El 11 de enero continuó el debate en el seno del plenario de Legislación General, Presupuesto y Asuntos Constitucionales, en cuyo inicio el oficialismo accedió a un reclamo reiterado desde la oposición: abrir el juego a la presencia de más actores de la sociedad civil que quisieran opinar en el plenario.
Ese día pasaron por el plenario el secretario de Educación, Carlos Torrendel; el secretario de Niñez y Familia, Pablo de la Torre (meses después eyectado); el de Cultura, Leonardo Cifelli, y -entre otros- el ministro de Infraestructura Guillermo Ferraro, tiempo después también eliminado del gabinete, ministerio incluido.
Así cerró esa primera semana de debate de la ley ómnibus, con tres reuniones informativas por las que desfilaron 13 funcionarios que respondieron más de 300 preguntas. Pero el lunes siguiente fue el turno de las organizaciones de la sociedad civil, aunque lo que en principio se presentó como una única reunión, terminaron siendo tres, con encuentros el martes y el miércoles también.
En rigor, el debate se extendió varios días para darle tiempo al Gobierno a acordar con los sectores dialoguistas para la firma del dictamen. Así, recién volvieron a convocar para el martes siguiente, 23 de enero, cuando se firmó finalmente el dictamen de la ley de Bases que ya había perdido en el camino su capítulo fiscal, entre otras cosas. Fue una jornada frenética que recién concluyó cuando pasada la 1.30 del miércoles 24 se anunció la firma del dictamen de mayoría, que tuvo 55 rúbricas, 34 de ellas en disidencia parcial. Hubo además cuatro dictámenes en minoría.
Ya se sabe qué sucedió con esa primera parte del debate de la Ley Bases, que fracasó el 6 de febrero, cuando en el recinto donde ya se había alcanzado la aprobación en general, se decidió volver a comisión. Así, se produjo un receso hasta que el 1° de marzo el presidente Javier Milei anunció la decisión de insistir con esa norma, ahora dividida en dos (con el paquete fiscal con cuerpo propio), con lo que el trabajo se reanudó, pero en despachos oficiales, no ante las cámaras de TV.
Mientras tanto comenzaron a ganar espacio otras inquietudes de la oposición, como la de abordar el debate de los haberes jubilatorios. El 13 de marzo se constituyó para tales fines la Comisión de Previsión y Seguridad Social, siendo la elegida para presidirla la cordobesa Gabriela Brouwer de Koning, quien por cuestiones reglamentarias (la documentación para sumarse a esa comisión en lugar del mendocino Lisandro Nieri había llegado a destiempo) tuvo que asumir provisoriamente Karina Banfi. Pero no fue la única polémica que sobrevoló esa reunión, sino que hubo otra más fuerte, marcada por el fracaso de una sesión pedida por Hacemos Coalición Federal para tratar directamente en el recinto ese tema y forzar allí un emplazamiento. Por ausencia de la mayoría del bloque radical, la sesión no había tenido quórum y Unión por la Patria acusó a La Libertad Avanza de cederle al radicalismo la presidencia de esa comisión como compensación por esa “ayuda”.
Con todo, había otro problema a considerar: si bien Previsión Social mostraba disposición a tratar el tema, la otra comisión por la que tenía que pasar el tema era Presupuesto, cuyo titular José Luis Espert no tenía intención en convocar.
Al día siguiente se reanudó la reunión “constitutiva” de dicha comisión para completar la designación de autoridades, quedando pendientes la asunción de Brouwer de Koning.
A la semana siguiente se constituyeron más comisiones. Con advertencias sobre la situación en las universidades, se puso en marcha la de Educación, con el exministro del área Alejandro Finocchiaro al frente; también volvió a reunirse Relaciones Exteriores; siendo la Comisión de Vivienda la primera en constituirse con alguien de UP presidiéndola (Leandro Santoro). Ese día también se constituyó Cultura (sin designar presidente); Legislación del Trabajo, que nominó a Lisandro Nieri, quien luego le dejó el cargo a Martín Tetaz; y Prevención de Adicciones, que con Mónica Frade al frente tuvo un activo semestre que dedicó a analizar la problemática de la ludopatía y las ciberapuestas.
El 21 de marzo se constituyó otra comisión muy activa, la de Familias (con la radical Roxana Reyes reelecta presidenta), y también Defensa (Ricardo López Murphy).
Con la demanda de llevar al recinto cuanto antes la cuestión de la movilidad jubilatoria, Previsión y Seguridad Social volvió a reunirse el 21 de marzo y su flamante presidenta, Gabriela Brouwer de Koning, propuso un cronograma de trabajo, mientras los cuestionamientos fueron para José Luis Espert por no haber accedido a sumar su comisión al debate.
De acuerdo con ese cronograma de trabajo, Previsión y Seguridad Social volvió a reunirse el 4 de abril, con una treintena de invitados, incluido el titular de la ANSeS, Mariano De los Heros, y la insistencia de Unión por la Patria por apurar el debate y dictaminar en la semana siguiente. Entre los invitados estuvo el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, quien no anduvo con eufemismos en su exposición: “Nadie puede vivir con 230 o 240 mil pesos en Argentina, dejémonos de joder. No existe”.
El 10 de abril se registró la reunión de comisión más escandalosa del año. Fue al constituirse la Comisión de Juicio Político, cuya convocatoria fue suspendida sobre la hora por el presidente del Cuerpo, Martín Menem. Estaba decidido que la presidencia de esa estratégica comisión le correspondía a La Libertad Avanza, y allí habían dispuesto a priori que Marcela Pagano fuera la elegida. Finalmente los diputados resolvieron sesionar igual y, tal cual lo acordado originalmente votaron a la periodista para presidir la comisión, pero el titular de la Cámara desconoció esa decisión y llamó a una nueva reunión para la semana siguiente, que no terminó concretándose, a sabiendas de que una mayoría de esa comisión confrontaría con la decisión del titular de la Cámara de considerar “inválida” la conformación de la comisión. Así las cosas, el tema quedó en un limbo.
Al cabo de su sexta reunión, la Comisión de Previsión y Seguridad Social firmó en su reunión del 16 de abril cuatro dictámenes sobre movilidad jubilatoria. Con todo, no estaba garantizado aún llevar el tema al recinto pues faltaba el tratamiento en Presupuesto y Hacienda. Se anticipó entonces que en la próxima sesión se emplazaría a esa comisión. Pero no fue necesario: tres semanas después, el 8 de mayo Espert convocó a su comisión y si bien no dictaminaron, lo hicieron el 15 de mayo, en una reunión conjunta de Presupuesto y Previsión. Ese día se firmaron cinco dictámenes y la oposición pidió llevar el tema al recinto el 4 de junio.
La vuelta de la ley de Bases
Promediando el mes de abril, se reanudó en Diputados el debate de la ley de Bases. En realidad, arrancaron por una escisión de la ley de Bases original, el paquete fiscal, que el 18 de abril se puso a consideración de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, en una reunión informativa de la que tomaron parte el secretario de Hacienda, Carlos Guberman y la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, entre otros.
Además de una ley fiscal, la nueva ley de Bases incluiría esta vez un capítulo referido a la reforma laboral y por eso el 24 de abril la Comisión de Legislación del Trabajo fue convocada, ya bajo la presidencia de Martín Tetaz, para comenzar a analizar esa reforma laboral. Sin embargo desde UP y el FIT cuestionaron a Tetaz por convocar a la reunión sin una orden del día. Hubo varios expositores, pero la reunión debió pasar a un cuarto intermedio ya que ese día estaba pedida una sesión especial por temas educativos. Finalmente esa comisión no fue integrada al plenario que trataría la ley de Bases, por lo que no se reanudó ese debate.
La CGT expuso su rechazo a la reforma laboral
Horas después de que el presidente Javier Milei dijera: “Hagan lo que quieran con la ley de Bases”, se reinició el trabajo en el plenario de Legislación General, Presupuesto y Asuntos Constitucionales, luego de intensas negociaciones en otros ámbitos entre representantes del Gobierno y la oposición dialoguista. Fue el 25 de abril y ese mismo día el oficialismo cumplió con su objetivo de dictaminar la nueva versión de la ley ómnibus, que buscaría llevar al recinto la semana venidera junto al paquete fiscal. El dictamen de mayoría obtuvo 61 firmas.
A continuación, el paquete fiscal también obtuvo las firmas para ser tratado en el recinto.
Aprobadas ambas leyes en el recinto, es sabido que en el Senado la iniciativa corrió la misma suerte, pero con modificaciones que obligaron la vuelta a Diputados, donde un nuevo plenario de Legislación General, Presupuesto y Asuntos Constitucionales dictaminó el 25 de junio, cosa que también hizo a continuación Presupuesto y Hacienda con el paquete fiscal.
Las informativas de DDHH
El 2 de mayo se reunieron de manera conjunta las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Derechos Humanos y Garantías, para recibir testimonios de familiares de argentinos secuestrados por Hamas. Encabezada por Sabrina Ajmechet, la Comisión de DDHH desarrolló una profusa agenda que ella misma había planteado en la reunión constitutiva, cuando anticipó la intención de realizar audiencias con familiares y víctimas de la cuarentena implementada durante la pandemia.
Esa primera reunión sobre ese tema se celebró el 8 de mayo, con la presencia de los padres de Solange Musse, el actor Marcelo Mazzarello y un cacique de la comunidad wichi de Formosa. Volvieron a convocar con el mismo programa el 22 de mayo, cuando los legisladores escucharon testimonios de las familias de Magalí Morales y Facundo Astudillo. La tercera y última audiencia sobre el tema pandemia se realizó el 12 de junio, oportunidad en la que expusieron la madre de Blas Correa y de Héctor Gabriel Quintana.
Otra informativa realizaron el 5 de junio, cuando los diputados escucharon el relato de dos jóvenes que estuvieron detenidos en un centro de torturas en Venezuela, y el 2 de julio realizaron un homenaje a las víctimas del atentado contra la AMIA, a punto de cumplirse 30 años del mismo. A ese evento asistió la canciller Diana Mondino.
Con el eco de la gran marcha universitaria latente, ese mismo 2 de mayo la Comisión de Educación comenzó a debatir el tema del presupuesto universitario. Elaboraron un cronograma de trabajo que comenzaron a desarrollar cinco días después, cuando autoridades, profesores y estudiantes universitarios expusieron sobre el tema financiamiento.
Tres semanas más tarde, el 23 de mayo se reunió un plenario de las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda para avanzar con los proyectos sobre actualización en el financiamiento universitario y alumbraron 4 dictámenes, siendo el de Unión por la Patria el de mayoría.
Otro tema que pasó por la Comisión de Educación fue el de la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente, tratado allí el 28 de mayo conforme lo que se había votado en el recinto, donde se emplazó a la comisión a tratar los proyectos. En esa oportunidad, la oposición no logró ponerse de acuerdo en un dictamen, pero logró frenar un intento de La Libertad Avanza y el Pro para postergar el debate. Al final, se emitieron 5 dictámenes: Unión por la Patria, con 34 firmas, el de mayoría; LLA, Pro, MID e Independencia, con 26 firmas (de rechazo); Unión Cívica Radical, con 12 firmas; Hacemos Coalición Federal, con 4 firmas; y el Frente de Izquierda, con 2 firmas.
En medio de maniobras irregulares con relación a los dictámenes, el 13 de junio la Comisión de Educación dictaminó el proyecto de ley que declara “servicio estratégico esencial” a la educación, con firmas de LLA, el Pro, la UCR, la CC, Innovación Federal y Hacemos Coalición Federal (en disidencia parcial).
Otro tema que sorpresivamente para muchos comenzó a debatirse fue el de la reducción de la jornada laboral. Así, el 28 de mayo se retomó una discusión que ya había concitado varias reuniones el año pasado, con el objeto de modificar una legislación vigente desde 1929.
Volvieron a realizar una reunión con expertos el 2 de julio, al cabo de la cual su titular, Martín Tetaz, anticipó la intención de dictaminar en la audiencia venidera.
Ludopatía y ciberapuestas
Decíamos que el tratamiento de los proyectos sobre juego online motivó múltiples reuniones motorizadas por la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, que se constituyó como cabecera de los muchos proyectos presentados sobre el tema. El 14 de mayo, esa comisión presidida por Mónica Frade anticipó la realización de una serie de reuniones informativas, que comenzaron el 28 de mayo con la exposición de los autores de los proyectos existentes sobre el tema. Con 9 proyectos referidos al tema, más uno sobre desconexión digital, recibieron a especialistas el 6 de junio.
Tanto interés despierta el tema en la Cámara baja que el 11 de junio dos comisiones se reunieron por separado para tratar el tema. La de Familias, Niñez y Juventudes recibió a la defensora nacional de los Derechos de los Niños, Marisa Graham, para hablar de ludopatía infantil, en tanto que esa misma tarde las comisiones de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, Acción Social y Salud Pública, Comunicaciones e Informática y Legislación Penal se reunieron para ampliar el debate sobre la temática de ciberapuestas y ludopatía, con la exposición de más de una decena de especialistas.
La hasta ahora última reunión de estas cuatro comisiones se realizó el pasado 3 de julio, a la que asistieron representantes del Ministerio de Seguridad de la Nación, movimientos sociales y de loterías y casinos, entre otros.
Las leyes de seguridad
El Ejecutivo mandó un paquete de leyes de seguridad que comenzaron a ser tratadas en un plenario de las comisiones de Legislación Penal y de Seguridad Interior el 24 de abril. Ese paquete de leyes incluía una ley Antimafias; la creación de un Registro Nacional de Datos Genéticos; la incorporación del concepto de reiterancia a fin de reducir los porcentajes delictuales; modificaciones a la unificación de condenas y concurso de delitos; legítima defensa y cumplimiento del deber, a fin de resguardar de planteamientos ideológicos a quienes tienen la responsabilidad de cuidar y proteger a los argentinos. La reunión tuvo funcionarios invitados.
Con la presencia de funcionarios y asociaciones, el 8 de mayo Legislación Penal y Seguridad Interior debatieron sobre la creación del Registro Nacional de Datos Genéticos, reincidencia, reiterancia, concurso de delitos y unificación de condenas. Las reuniones sucesivas continuaron con un plenario el 15 de mayo, y un nuevo encuentro el día 22, cuando el gobernador Maximiliano Pullaro expuso ante los diputados junto a su ministro de Seguridad. Allí, el gobernador santafesino sorprendió al alertar sobre un “exceso de garantismo” en la norma que se estaba elaborando.
El 28 de mayo hubo dictamen sobre el proyecto que propone la ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos, y ese tema ya tiene fecha de tratamiento en Diputados: el 7 de agosto.
El 5 de junio, un plenario de las comisiones de Seguridad Interior, Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda de Diputados se reunió para debatir sobre el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo sobre la regularización de la tenencia de armas y una nueva prórroga del Programa de Entrega Voluntaria. Ese día asistió para exponer el director de la Agencia Nacional de Materiales Controlados, Juan Pablo Allan, y el proyecto tuvo dictamen el 3 de julio.
Citaciones a Pettovello
En el marco del conflicto generado por la demora en la entrega de alimentos a comedores populares, los cuales estaban guardados en depósitos desde hacía más de seis meses, el 5 de junio la Comisión de Acción Social y Salud Pública de Diputados resolvió convocar a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para el martes 11 de junio. Sin obligación formal de ir, la ministra no fue y volvieron a convocarla para el 18 de junio, sin que tampoco asistiera. En ambos casos, el titular de la Cámara baja, Martín Menem, no hizo llegar la invitación argumentando que un pedido de ese tipo debía contar con los giros de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda.
La última reunión de esta comisión fue el 5 de julio, ya no en el ámbito de la Cámara baja, sino en la Legislatura de la provincia de Tucumán, para debatir la actualidad del sistema privado de salud.
Las comisiones del Senado
Ya dijimos que en la Cámara alta arrancaron antes con la conformación de comisiones. Pero después la mayor atención pasó por Diputados, con el debate (fallido) de la Ley de Bases. En el Senado, en tanto, la atención pasó por los temas que sí le correspondían según la convocatoria a extraordinarias.
El primero, la Boleta Única de Papel (BUP), que tenía media sanción de Diputados y que ese 3 de enero mereció un plenario de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales. La idea era llevarlo prestamente al recinto, probablemente el 11 de enero, y para eso se proponían dictaminar ese mismo día, habida cuenta de que el tema “ha sido lo suficientemente debatido en la Cámara baja”, en palabras del presidente de Justicia, Juan Carlos Pagotto. No tardaron en darse cuenta de que no sería tan sencillo: ese día no pidieron tener dictamen.
Insistieron una semana después, cuando el oficialismo vivió la primera frustración en el plano legislativo. No logró un consenso unánime en su postura de ir con el dictamen que venía con media sanción de Diputados, sin hacerle modificaciones, por lo que surgieron dos dictámenes. En rigor, esas diferencias habían surgido en la primera reunión, cuando dos senadoras plantearon modificaciones. Una de ellas, la rionegrina Mónica Silva, fue autora del que a la postre sería el dictamen de minoría, y la novedad fue que Unión por la Patria sumó sus firmas al mismo. Así las cosas, el tema quedó empantanado, pues un rápido poroteo permitía anticipar un empate en el recinto en 36 votos, y por tratarse de un tema electoral, aquí no valía el desempate de Victoria Villarruel, con lo que el tema quedó nuevamente cajoneado.
Las puertas del Senado recién volvieron a abrirse el último día de enero, con un plenario de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda, para tratar otro tema con media sanción de Diputados, que también dormía “el sueño de los justos”: el proyecto sobre lavado de activos. Ese mismo día emitieron dictamen y quedó listo para llevarlo al recinto.
La estratégica Comisión de Acuerdos del Senado se puso en marcha el 13 de marzo, cuando fue ungida la senadora Guadalupe Tagliaferri al frente de la misma, mientras que su histórica presidenta, Anabel Fernández Sagasti, quedó como vice. Ya el 21 de marzo comenzó su andar esa comisión con la presentación de seis candidatos a embajadores propuestos por el Gobierno. Entre ellos Axel Wahnish, el rabino de Milei, propuesto para la embajada argentina en Israel.
El 4 de abril se anunció la conformación de nuevas comisiones, pero solo pudieron avanzar las de Coparticipación Federal de Impuestos, la de Economía Nacional e Inversión, la de Seguridad Interior y la de Turismo. Todas quedaron en manos de radicales. En tanto que Agricultura, Ganadería y Pesca y la de Trabajo y Previsión Social se cayeron por falta de quórum, con la ausencia de Unión por la Patria en disconformidad del reparto de las mismas.
El debate de la Ley Bases
El debate de la Ley de Bases arrancó en el Senado el 7 de mayo, con un plenario de las mismas comisiones que habían discutido el tema en Diputados: Legislación General, Presupuesto y Hacienda. Arrancó con denuncias, pedido de cuarto intermedio y picos de tensión, en un plenario de comisiones a la que asistieron funcionarios del Ejecutivo a explicar los puntos centrales de ambas iniciativas, entre ellos, Guillermo Francos. El debate fue por momentos áspero y dejó la sensación de que la aspiración oficial de avanzar rápido con un dictamen esa misma semana, para poder sesionar la semana siguiente, podría ser un deseo demasiado ambicioso.
Al encuentro, que se extendió por casi seis horas en el Salón Azul, asistieron también el vicejefe de Gabinete, José Rolandi; la secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo de la Presidencia de la Nación, María Ibarzábal Murphy. También participó el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.
El debate continuó al día siguiente con funcionarios. Estaba previsto que a continuación se iniciara el debate del paquete fiscal en Presupuesto, pero el plenario se extendió más de diez horas, así que la otra reunión quedó para el día siguiente. Ya todo indicaba que el plenario se extendería un tiempo más.
En efecto, el 9 de mayo comenzó el debate en Presupuesto y Hacienda, con la presencia del secretario de Hacienda Carlos Guberman y una polémica en torno al blanqueo y Ganancias. Al cierre de esa reunión, el titular de la Comisión de Legislación General, Bartolomé Abdala, dio por postergado el plenario que debía arrancar a continuación hasta el lunes siguiente, aceptando el oficialismo abrir la lista de invitados.
Las reuniones continuaron el lunes 13, con la presencia de representantes de la CGT que cargaron contra la reforma laboral, y también el martes. Sin señales de dictamen, hubo entonces un cuarto intermedio hasta el jueves 16 de mayo, fecha en la que concluyó la ronda de invitados.
El martes 21 volvió a reunirse Presupuesto y Hacienda con la intención de dictaminar sobre el paquete fiscal, pero no solo no pudo hacerlo, sino que el oficialismo aceptó convocar a nuevos invitados. Al día siguiente se reanudó el trabajo en el plenario que debatía Bases y hubo nuevos invitados. Durante esa jornada, desde LLA dejaron correr la expectativa de dictamen, pero la oposición dialoguista volvió a marcarle la cancha con una catarata de modificaciones planteadas.
Hubo un impasse de otra semana y finalmente la Ley de Bases consiguió su dictamen en el plenario celebrado el 29 de mayo, al cabo de una jornada muy intensa y tras un nuevo cuarto intermedio cera de las 19. Destrabado ese escollo, a continuación Presupuesto y Hacienda emitió también el dictamen del paquete fiscal.
La única bicameral conformada
Previsiblemente, la oposición más dura presionó fuerte para debatir el mega DNU 70/23 que finalmente rechazó en el Senado. Y previsiblemente, el oficialismo y sus aliados resistieron todo lo posible su tratamiento.
Habiendo sido la publicación del decreto de necesidad y urgencia el 20 de diciembre, dos meses estiraron las cosas habilitar a la Bicameral de Trámite Legislativo para el tratamiento del mismo. Tras fuertes reclamos de Unión por la Patria el 22 de febrero de este año la comisión quedó conformada, con el libertario Juan Carlos Pagotto al frente.
El debate propiamente dicho arrancó siete días después, ya con los plazos vencidos y la insistencia de la oposición para llevarlo al recinto. Un sector, a su vez, pidió que asistieran funcionarios. En ese marco, UP rechazó tener cargos en esa bicameral, al reiterar su denuncia por lo que consideró una “constitución irregular” de la misma. Para ellos, el oficialismo estaba haciendo una “medida dilatoria” e insistieron en que el decreto tenía reglamentariamente los plazos vencidos, por lo que debía tratarse en el recinto de algunas de las cámaras ya mismo.
El 7 de marzo volvió a reunirse la Bicameral de DNU para definir cómo trataría los decretos pendientes. A pesar del pedido de la oposición, ni el entonces jefe de Gabinete, Nicolás Posse, ni el ministro de Economía Santiago Caputo asistieron a la comisión.
El encuentro siguiente fue el 11 de abril, cuando se reanudaron los cruces entre libertarios y Unión por la Patria. En esa reunión, se validaron decretos de las gestiones anteriores: 11 de Macri y 9 de Alberto Fernández.
En esa reunión, el senador Francisco Paoltroni dio la nota al comparar el triunfo presidencial de Javier Milei con un “cuento de la infancia”. El libertario dijo que “el 19 de noviembre vino un príncipe que les hizo el amor a los que estaban dormidos” y rápidamente, la senadora Fernández Sagasti salió a repudiarlo. En la sesión siguiente, el formoseño fue reemplazado.
Dos semanas más tarde, el 25 de abril, la bicameral que durante la gestión anterior había estado dos años prácticamente sin reunirse, trató más de 60 decretos, mientras UP insistía en que pediría la “invalidez” de los DNU de Milei.
Ese día fueron puestos a consideración 67 DNU de la gestión de Alberto Fernández y 2 de Javier Milei. Fue la última reunión de la bicameral. Para entonces, el pleno del Senado había rechazado el DNU.
