Ante la resistencia de los gobernadores por la pérdida de u$s 3.285 millones en coparticipación, la Casa Rosada analiza desdoblar el proyecto de modernización laboral. El ala política del Gabinete presiona para ceder en el capítulo impositivo y asegurar así los 37 votos necesarios para la aprobación en sesiones extraordinarias.
La negociación bajo el fantasma del desfinanciamiento provincial
El Gobierno nacional se encuentra en una etapa de definiciones críticas para su agenda legislativa de verano. El presidente Javier Milei, mediante un decreto de necesidad y urgencia, convocó a sesiones extraordinarias desde el 2 hasta el 27 de febrero de 2026 para tratar, entre otros temas, la Ley de Modernización Laboral. Sin embargo, el avance de la norma ha chocado con un muro fiscal: una masa crítica de mandatarios provinciales advirtió que no acompañarán el proyecto si este incluye la eliminación de impuestos internos y rebajas en Ganancias que impactarían directamente en los recursos coparticipables.
Según informes técnicos que circulan en el Senado, la reforma, tal como fue concebida originalmente, implica una pérdida recaudatoria anual de u$s 5.727 millones. De ese total, las provincias dejarían de percibir u$s 3.285 millones, lo que afectaría la financiación de servicios básicos como salud y educación. Ante este escenario, el ala negociadora del Gobierno —liderada por Diego Santilli, Patricia Bullrich y Martín Menem— sostiene que los reclamos provinciales son “razonables” y que la ley final será “la que se consensue”, lo que sugiere un inminente desdoblamiento del capítulo laboral respecto del impositivo.
Puntos clave de la pulseada por la Modernización Laboral
- El impacto fiscal en las provincias: La reforma tributaria encubierta dentro del proyecto restaría u$s 713 millones a Buenos Aires, u$s 290 millones a Santa Fe, u$s 288 millones a Córdoba y u$s 158 millones a Entre Ríos, entre otras jurisdicciones.
- División interna en el Gabinete: Mientras Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación) se inclinan por no ceder, figuras como Diego Santilli y Santiago Caputo apuestan por la negociación directa con los gobernadores para blindar la gobernabilidad.
- El nuevo costo del despido: El proyecto propone crear un Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado con el 3% de los haberes de los trabajadores, que acumularía unos u$s 4.200 millones para gestionar las indemnizaciones.
- La gira de Santilli: El ministro del Interior ya cosechó el apoyo de los gobernadores de Chaco (Zdero), San Juan (Orrego), Mendoza (Cornejo) y Salta (Sáenz), y tiene agendados encuentros clave con Rolando Figueroa (Neuquén) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos) para esta semana.
- Puntos de conflicto laboral: El texto oficial busca establecer la preeminencia del convenio por empresa sobre el de actividad, implementar el banco de horas y reducir un 3% los aportes patronales, lo que restaría otros u$s 4.200 millones a los recursos previsionales.
- La advertencia de la oposición: Desde el bloque del peronismo señalan que la urgencia por aprobar la medida busca que el beneficio fiscal impacte sobre la totalidad del ejercicio 2025, beneficiando a grandes grupos concentrados en detrimento del federalismo fiscal.
Un mapa de transferencias regresivas y autonomía debilitada
El informe económico del peronismo, coordinado por el senador Jorge Capitanich, califica a la reforma como una “decisión política orientada a trasladar recursos públicos hacia un grupo concentrado de grandes empresas”. La pérdida de u$s 57 millones en Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y u$s 80 millones para la Ciudad de Buenos Aires completa un cuadro de contracción de ingresos que, según la oposición, no responde a una necesidad macroeconómica impostergable.
En este contexto de extrema paridad técnica, el Gobierno nacional parece haber comprendido que la llave de la reforma laboral no está en la retórica de la libertad, sino en la billetera de las provincias. Con el objetivo de alcanzar los 37 votos mínimos en la Cámara Alta, la Casa Rosada se encamina a postergar o eliminar los artículos impositivos que asfixian las cuentas provinciales, priorizando el cambio estructural en las normas de contratación y despido por sobre la reforma tributaria.
