A Río Negro se le sumó este jueves Jujuy, cuya Legislatura aprobó incorporarse al régimen. Salta y Mendoza avanzan con eje en proyectos mineros. Chubut excluyó al sector en su iniciativa y mantiene veto sobre la actividad. Dudas sobre Catamarca.
Mientras el Gobierno nacional ultima detalles para la reglamentación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), diversas provincias avanzan para adherir a la flamante normativa. Tal como contó Ámbito, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, anticipó que en la Casa Rosada trabajan para que la medida -aprobada como parte de la ley Bases- se haga efectiva esta semana.
A la par, distritos de todo el país con especial interés en minería, hidrocarburos y energía, entre otras actividades, ya enviaron proyectos a sus legislaturas para plegarse al RIGI y apurar la llegada de capitales y divisas frescas. Mientras que Río Negro y Jujuy ya aprobaron sus adhesiones, Mendoza y Salta avanzan con eje en proyectos mineros. Chubut hace lo propio, pero mantiene el veto sobre el extractivismo.
Río Negro y Jujuy, las primeras provincias en adherir al RIGI
Apremiada por la pulseada con Buenos Aires por la instalación de la planta de Gas Natural Licuado (GNL), Río Negro se convirtió en julio en la primera provincia del país en adherir al RIGI. El movimiento fue obra del gobernador Alberto Weretilneck, que, en busca de ganar la inversión de YPF y Petronas, procuró un tratamiento exprés por parte de la Legislatura.
Finalmente, con 35 votos a favor y 10 en contra, la iniciativa se convirtió en ley. Eso abrió el juego para que distintos municipios rionegrinos hicieran lo propio, incluido Sierra Grande, donde finalmente se instalará el megaproyecto de GNL. Tras la luz verde legislativa, Weretilneck consideró que “comienza a escribirse un nuevo capítulo en la historia de Río Negro”.
“Trabajo genuino, desarrollo, ingresos brutos, inversiones y un mejor futuro para los rionegrinos. Eso es el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) al cual adherimos en Río Negro a través de un proyecto de ley que hace minutos fue aprobado en la Legislatura”, evaluó el mandatario sureño. Desde su administración aspiran a que la inversión de u$s30.000 millones sea el puntapié para posicionar a la provincia como un faro para grandes inversiones.
Entre sus argumentos, el gobierno provincial da cuenta de que la proximidad con Vaca Muerta “permite una menor longitud de los gasoductos necesarios, reduciendo costos y complejidades en el transporte de gas natural”. Otros aspectos que destacaron son: la profundidad marítima, que facilita el amarre de buques de gran porte; la disponibilidad de terrenos; las condiciones fiscales y las condiciones de operación portuaria.
Este jueves, en tanto, la Legislatura de Jujuy aprobó el proyecto del gobernador Carlos Sadir (Juntos por el Cambio) y se convirtió en la segunda provincia en adherir al RIGI. El texto fue votado favorablemente por el oficialismo y de manera negativa por el peronismo y la izquierda, luego de obtener despacho en las comisiones Económica, de Asuntos institucionales y de Finanzas. El Ejecutivo local busca profundizar el desarrollo en la extracción de litio. No obstante, afuera de la Cámara, manifestantes sostenían un acampe “en defensa de los territorios, el agua y la dignidad”.
La protesta forma parte de la “Campaña Plurinacional NO al RIGI”, que impulsan agrupaciones sociales, políticas y originarias del todo el país. En su manifiesto, los firmantes piden a los gobiernos provinciales y municipales no adherir al régimen, aduciendo que, entre otros aspectos, representa una “vulneración inconstitucional de los derechos consagrados en la Constitución Nacional y en los distintos acuerdos internacionales suscritos por nuestro país”, particularmente en materia ambiental.
“El carácter inconstitucional del RIGI implica que quienes adhieran y promuevan este régimen deberán asumir una alta conflictividad social por las consecuencias ambientales, económicas y sociales de su implementación”, denuncian.
Mendoza y Salta, a la caza de inversiones mineras
Por su parte, Mendoza quedó a un paso de adherir al RIGI, luego de que la Cámara de Diputados aprobara por 32 votos afirmativos y 13 negativos el proyecto empujado por el gobernador Alfredo Cornejo. Se trata de una “ley corta”, que no contempla exenciones impositivas y que busca garantizar una rápida luz verde de los legisladores. La expectativa está puesta en atraer mayores inversiones en el sector minero y de hidrocarburos. Este miércoles, el texto obtuvo despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado y podría ser tratado en el recinto el próximo martes, donde obtendría sanción definitiva.
En la provincia cuyana explican que, de concretarse, sería “un paso crucial para atraer capital y desarrollar sectores estratégicos”. “Con un marco legal que promueve la certidumbre y competitividad, se espera que las grandes inversiones florezcan, impulsando el desarrollo económico y la creación de empleo en la región”, indicaron.
A la par, manifestaron que “este régimen también busca fomentar el desarrollo coordinado entre el Estado Nacional, las provincias y las autoridades de aplicación en materia de recursos naturales, además de estimular las cadenas de producción locales asociadas a los proyectos de inversión”.
Sin embargo, su tratamiento no está exento de polémicas. El martes, manifestantes se congregaron en las afueras del Palacio Legislativo bajo el lema “No negocien el agua”. El tema despierta una sensibilidad especial entre los mendocinos, ya que el recurso hídrico es escaso en la provincia. Durante 2019, las masivas protestas contra la iniciativa minera del por entonces gobernador Rodolfo Suarez lograron la suspensión del proyecto.
A la par, en Salta el gobernador Gustavo Sáenz ya envió al a Legislatura su proyecto de adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones. El anuncio lo hizo el propio mandatario durante una reunión con empresarios salteños y el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo. Sáenz apuesta a captar u$s9.000 millones en inversiones mineras y vinculadas al litio.
La administración salteña dio a conocer que las empresas interesadas son Posco Argentina, Ganfeng, First Quantum Minerals, Eramet, Rio Tinto y Alpha Lithum/Tecpetrol. “El RIGI es una herramienta que ayudará a la concreción de inversiones y que tendrá un efecto en la generación de empleo. Además, funcionará como un impulso a proveedores locales, provocará una sensible mejora de infraestructura, aporte de divisas y el desarrollo de poblaciones y sus comunidades”, señaló la gestión local.
Si bien el texto oficial ingresó a la Cámara de Diputados, el Senado ya inició una ronda de consultas para acelerar el proceso, que incluyó una exposición de la Cámara Minera de Salta.
Chubut: RIGI con veto a la minería
Similar escenario se vive en Chubut, donde el gobernador Ignacio Torres también mandó su proyecto de adhesión al RIGI a la Legislatura. La iniciativa, sin embargo, tiene la particularidad de no incluir a la minería, una actividad sumamente sensible para la provincia patagónica, que ya fue escenario de profundos conflictos sociales en el pasado reciente. Actualmente rige en el distrito la ley 5.001, que fue aprobada en 2003 y que prohíbe la minería a cielo abierto y la utilización de cianuro.
Durante el debate por la Ley Bases, Torres había manifestado que el RIGI “es una oportunidad para Chubut”. “El RIGI es una oportunidad para las provincias exportadoras como Chubut, la Nación necesita divisas y nosotros necesitamos dinamizar nuestras economías y agregar valor a nuestros recursos”, dijo.
Ahora, para fomentar su adhesión, la gestión chubutense explicó: “No podemos seguir un camino en cual el PBI no crece en la misma proporción que la población y en el cual la única respuesta de la dirigencia política ha sido hasta acá multiplicar de modo exponencial el empleo público y los programas de asistencia social”.
Escenario abierto en Catamarca
En Catamarca, el escenario está abierto. Si bien el gobernador Raúl Jalil (Unión por la Patria), de buen vínculo con la Casa Rosada, ya envió su proyecto de adhesión a la Legislatura, el debate podría trabarse por rencillas internas. Al menos en la órbita peronista, Jalil fue uno de los principales defensores del régimen, ya que su provincia tiene especial interés en potenciar proyectos mineros de gran porte.
No obstante, su pertenencia a la coalición opositora y la imposibilidad de comandar a las distintas tribus celestes podrían ser escollos para lograr luz verde en los ámbitos legislativos. En ese espacio talla con firmeza el liderazgo de la senadora nacional y exgobernadora Lucía Corpacci, cercana al kirchnerismo. Corpacci incluso votó en contra de la ley Bases en la Cámara Alta. Semanas atrás, el mandatario hizo un llamado a la dirigencia local e instó a avanzar en la aprobación del proyecto ya que, de lo contrario, “quedarían en desventaja con otras provincias”.
Corrientes es otro de los distritos que pretende adherir al RIGI. El proyecto oficial ya fue girado por el gobernador Gustavo Valdés y tomó estado parlamentario esta semana. Antes de ser tratado en la Cámara de Diputados, será discutido en la Comisión de Hacienda, Presupuesto e Impuesto.
Un caso particular se da en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Allí, el gobernador Gustavo Melella (Unión por la Patria) se opuso tanto a la ley Bases como al paquete fiscal. Esa postura no evitó que opositores presentaran un proyecto para que la provincia adhiera al Régimen. El mismo fue redactado por el bloque Republicanos.
“No nos podemos perder esta oportunidad como provincia. Está la prueba de lo que pasó hace unos días, la inversión más grande en materia de hidrocarburos de la historia argentina en la provincia de Río Negro, algo que era aspirado por la provincia de Buenos Aires que gobierna Axel Kicillof”, comentó Agustín Coto a Radio Universidad, uno de los artífices de la iniciativa.
En Buenos Aires, Axel Kicillof debió hacer equilibrio entre su oposición a Javier Milei y la necesidad de sostener el proyecto de planta de GNL en Bahía Blanca. A la sombra de su pulseada con Río Negro, el mandatario impulsó la creación de un RIGI bonaerense, que se perdió volumen luego de que se confirmara la concreción del proyecto en tierra patagónica.
