Con un despliegue masivo en el corazón de La Matanza, el Gobierno nacional presentó en sociedad la Agencia de Seguridad Migratoria. Bajo la conducción de Diego Valenzuela, el organismo busca emular el modelo de control estadounidense para endurecer la vigilancia fronteriza y agilizar la expulsión de inmigrantes con antecedentes penales.
Operativo en Villa Celina: El primer golpe de efecto
El pasado viernes, la zona de Villa Celina fue el escenario de un procedimiento conjunto entre la Dirección Nacional de Migraciones y la Policía Federal Argentina (PFA). El despliegue, que incluyó controles en la vía pública sin necesidad de allanamientos, marcó el inicio de una nueva etapa de fiscalización territorial en el conurbano bonaerense.
- Alcance del control: Las autoridades verificaron la situación de 385 ciudadanos extranjeros durante la jornada.
- Irregularidades detectadas: Se identificó a 16 personas que carecían de residencia habilitada o trámites migratorios vigentes.
- Identificación biométrica: Los efectivos utilizaron equipos portátiles MorphoRapID, tecnología de última generación para el chequeo instantáneo de antecedentes y estatus legal.
- Advertencia oficial: Los ciudadanos en falta no fueron deportados de inmediato, sino intimados a regularizar su documentación bajo la advertencia de ser expulsados del país si no cumplen con los plazos administrativos.
La Agencia de Seguridad Migratoria: El brazo ejecutor
La creación de esta agencia, apodada internamente como el “ICE argentino”, responde a la voluntad de Javier Milei de centralizar el control poblacional y la lucha contra los delitos federales.
“La Agencia se encargará del control de fronteras y de ‘intensificar’ las deportaciones de inmigrantes que cometan delitos”.
La designación de Diego Valenzuela, exintendente de Tres de Febrero, al frente de este organismo subraya el perfil político y operativo que el Ejecutivo busca imprimirle a la gestión. El plan estratégico no solo contempla la identificación en grandes centros urbanos, sino también una vigilancia más estricta sobre la permanencia de extranjeros para evitar que la falta de fiscalización sea aprovechada por organizaciones delictivas.
Entre la seguridad y la comparación con EE. UU.
El paralelismo con el U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) de la administración Trump es inevitable, aunque el Gobierno argentino marca distinciones operativas. Mientras en el país del norte los operativos han sido denunciados por violaciones a los derechos humanos y detenciones traumáticas, el Ministerio de Seguridad enfatiza que la versión local se basa en el ordenamiento institucional y la prevención del delito.
Puntos claves de la nueva política:
- Filtro contra el delito: Se busca diferenciar explícitamente a quienes ingresan al país para trabajar de aquellos que lo hacen para delinquir.
- Presencia en el Conurbano: El despliegue en La Matanza es solo el primero de una serie de operativos de saturación previstos para las zonas con mayor densidad de población extranjera.
- Regularización obligatoria: El Estado dejará de ser pasivo ante la falta de DNI o residencia, exigiendo el cumplimiento inmediato de los trámites legales.
Realizamos un operativo de control de permanencia en La Matanza, provincia de Buenos Aires, a través de Migraciones y la PFA.
— Ministerio de Seguridad Nacional (@MinSeguridad_Ar) January 23, 2026
Controlamos a 385 extranjeros y detectamos a 16 en situación migratoria irregular, que deberán regularizarse o serán expulsados del país.
Controles… pic.twitter.com/eYebB2smst
