Luego de admitir que la deuda pública es “no sostenible”, el organismo aceptó postergar por tres años el cobro del préstamo por U$S 44 mil millones. Con ese aval, el ministro Guzmán buscará una renegociación con los tenedores de títulos que incluya una quita de capital.
El gobierno argentino acordó nuevas condiciones en el pago de la deuda de U$S 44 mil millones que mantiene con el Fondo Monetario Internacional. El compromiso fue alcanzado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, y la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, quienes se reunieron ayer en Riad, donde se realiza la reunión de Ministros de Finanzas del G-20.
Según pudo saber este diario, el Fondo aceptó una postergación de tres años en la devolución del capital, cuyo cronograma de cinco años arrancaba a mediados de 2021. El beneficio podría extenderse a los intereses, que sólo en 2020 suman unos U$S 1.600 millones. A cambio, las autoridades económicas mantendrán el equilibrio fiscal durante ese período, aunque se podrían admitir pequeños desvíos de esa meta para atender cuestiones sociales.
El comunicado oficial del Ministerio de Economía también informó “la intención de la República de iniciar las consultas del artículo IV del organismo”, que establece la revisión anual de las economías de los países miembro. La letra chica del acuerdo será resuelta en Washington, a donde viajará Guzmán directamente desde la capital árabe.
La vuelta de estas revisiones anuales, que habían sido reemplazadas por las trimestrales estipuladas en el acuerdo stand by, dan a entender que caducó definitivamente el programa sellado en junio de 2018 entre las anteriores autoridades del Fondo y la gestión de Mauricio Macri, suspendido en agosto pasado. Lo que se debatirá la semana entrante es si la nueva relación incluirá otro acuerdo, algo que Georgieva implícitamente admitió, y si habrá condiciones expresas bajo las cuales el FMI acepta la postergación en los pagos. “Acogí el compromiso de las autoridades argentinas de continuar profundizando nuestra colaboración, a través de una Consulta del Artículo IV, y oportunamente obtener un programa respaldado por el Fondo. Las modalidades de estos próximos pasos se seguirán discutiendo”, señaló la dirigente búlgara.
Al cierre de esta edición, Guzmán tenía planeados otros dos encuentros de importancia. Uno con el secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, para pedir el respaldo de su país en la renegociación con el Fondo. El otro, con el ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, para que interceda ante el Club de París y que acepte renegociar la deuda argentina con ese núcleo.
Ahora, los privados
El acuerdo con el FMI abrirá el camino al gran objetivo del gobierno: reestructurar la deuda con los bonistas privados. En ese sentido, fue valiosísima la ayuda de la delegación del Fondo que permaneció una semana en Buenos Aires y se reunió con diferentes funcionarios del Ejecutivo. La declaración elaborada por Julie Kozack, subdirectora del Departamento para el Hemisferio Occidental, y Luis Cubeddu, nuevo enlace del Fondo con Argentina, afirma que la deuda pública es “no sostenible” y pidió una “contribución apreciable” de los acreedores privados. En los hechos, ese aval habilita al gobierno a plantear a los tenedores de bonos nuevos plazos y una fuerte quita.
“Nuestra visión es que el superávit primario que se necesitaría para reducir la deuda pública no es económicamente ni políticamente factible”, dice el texto. Y agrega que “en consecuencia, se requiere de una operación de deuda definitiva, que genere una contribución apreciable de los acreedores privados”.
Lo que está en juego es un paquete de alrededor de U$S 100 mil millones, casi un tercio de los U$S 324.449 millones que componían la deuda pública al 31 de enero, según el informe de la Secretaría de Finanzas. Esa fracción se encuentra en manos privadas, fundamentalmente bancos, fondos de inversión e incluso ahorristas particulares.
La estrategia oficial es lograr una quita de capital de esos bonos, más un período de gracia de al menos tres años en los intereses. Esos recursos quedarían liberados para dinamizar la actividad interna y atender las demandas sociales insatisfechas por la gestión de Mauricio Macri. Economía busca un agente financiero que identifique a los dueños de esos títulos y les acerque la propuesta de reestructuración.
El gobierno necesita definir el tema cuanto antes, porque en dos semanas comienza una seguidilla de fuertes vencimientos que entre capital e intereses involucran unos U$S 10.000 millones hasta junio. En su visita a la Cámara de Diputados, Guzmán anunció su intención de lanzar la oferta en la segunda semana de marzo y dar apenas 15 días para que los acreedores manifiesten su conformidad. Como en la imagen del perro que gira en círculos buscando alcanzar su propia cola, el éxito de la reestructuración está condicionado a que se lleve a cabo: antes de aceptar, los bonistas quieren precisiones sobre cómo será la economía argentina en los próximos meses; pero el gobierno no las puede formular sin saber cuánto de sus recursos deberá destinar a pagar deudas y cuándo deberá hacerlo.
Juego a dos puntas
Con tal de poner al FMI de su lado, el gobierno jugó a dos puntas. Por un lado, endulzó sus oídos con las promesas de disciplina fiscal que el presidente Alberto Fernández formuló a los líderes europeos en su gira del mes pasado. Además, dejó traslucir un posible descongelamiento de tarifas de transporte, luz y electricidad para mayo o junio, que luego Fernández desmintió.
Pero a la vez insistió en que el Fondo también podría hacer una quita en sus acreencias. El contrapunto lo protagonizaron Georgieva, que decía que su carta orgánica le impide hacer una rebaja, y la vicepresidenta Cristina Kirchner, que recordaba que el Fondo ya había violado ese estatuto al seguir girando dinero a un país y acrecentando su deuda, a sabiendas de que esos capitales se fugaban del sistema. “¿Por qué vamos a hacer valer una prohibición y la otra no?”, chicaneó Cristina.
Esa idea se amparaba en un antecedente concreto. En 2005, el FMI, junto con el G-8, propuso la Iniciativa para el Alivio de la Deuda Multilateral (IADM). A través de ella, y con el argumento de ayudar a cumplir los Objetivos del Milenio que impulsaba la ONU, armó un fideicomiso con el Banco Mundial y otras entidades para condonar sus pasivos con la entidad a 36 países calificados como pobres y muy endeudados, la mayoría con ingresos per cápita menores a los 380 dólares. Entre ellos había cuatro americanos: Bolivia, Haití, Honduras y Nicaragua. A Liberia, incluso, le otorgaron un “alivio” adicional por U$S 172 millones para ayudar a dejar atrás su guerra civil.
El dato debilitaba los argumentos del FMI. Claro que el ingreso en esa iniciativa no era sencillo: incluía la comprobación de que esos países demostraran un “desempeño satisfactorio” en objetivos tales como gasto público, reducción de la pobreza y otros condicionamientos macroeconómicos. Y si hay algo que Fernández no quiere es aceptar condicionamientos externos.
Error y purga
La voltereta del Fondo, que ahora guarda silencio sobre las exigencias de ajuste fiscal y reformas estructurales con las que insistía hasta hace un par de meses, es producto tanto de su renovación dirigencial como de sus gruesos errores al juzgar la situación local. Todos los riesgos alertados en las revisiones trimestrales del acuerdo stand by, y que el directorio ignoró con tal de seguir apoyando el proyecto de reelección de Macri, finalmente sucedieron. Entre ellos, la vulnerabilidad del pasivo ante una suba del tipo de cambio, una eventual corrida dolarizadora y la falta de respaldo social ante tanto ajuste.
El riesgo de no recuperar los U$S 44 mil millones que prestó al país generó un sismo puertas adentro de la entidad y la salida de Christine Lagarde, directora gerente; su vice, David Lipton, y el encargado de seguir el caso argentino, Roberto Cardarelli. Esa implosión desembocó en la mayor disposición de Georgieva a escuchar los pedidos del nuevo gobierno. Tras las reuniones de esta semana en Washington se sabrá hasta dónde llegará el cambio de postura.”
