En el último anuncio oficial de 2025, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) como organismo autónomo. Sus funciones serán absorbidas por la cartera de Salud bajo una reestructuración que elimina casi el 46% de los cargos jerárquicos, motivada por denuncias de corrupción y descontrol administrativo.
La Agencia Nacional de Discapacidad, creada en 2017 como un ente descentralizado, dejará de existir tal como se la conocía para transformarse en una secretaría dentro del Ministerio de Salud, liderado por Mario Lugones. El actual interventor del organismo, Alejandro Vilches, será quien encabece esta nueva etapa. Según el Gobierno, la decisión busca desmantelar lo que calificaron como “toneladas de capas burocráticas” y manejos incompatibles con la transparencia, tras detectarse graves irregularidades en auditorías internas.
Entre los hallazgos que precipitaron la medida, Adorni enumeró el cobro de pensiones por parte de familiares de personas fallecidas, médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaban servicios inexistentes. Un cruce de datos con el RENAPER reveló que 178.000 usuarios del Certificado Único de Discapacidad (CUD) figuran como activos a pesar de haber muerto. Pese al cambio de estructura, el Ejecutivo enfatizó que la transformación no implicará recortes en las prestaciones ni en las pensiones vigentes para las personas con discapacidad.
Puntos clave de la reestructuración:
- Absorción ministerial: La ANDIS pierde su autonomía administrativa y pasa a depender directamente del Ministerio de Salud para garantizar trazabilidad y control.
- Recorte jerárquico: Se eliminan 16 cargos políticos, lo que representa una reducción del 45,7% en la estructura de mandos superiores del organismo.
- Auditorías permanentes: El sistema funcionará bajo criterios estrictamente sanitarios, con procesos de revisión continua para evitar “discrecionalidades” en el otorgamiento de beneficios.
- Depuración del padrón: Tras detectar miles de certificados irregulares, se inició un proceso de baja de beneficios mal habidos y se analiza la judicialización de los responsables por “estafa al Estado”.
- Garantía de prestaciones: El Gobierno reiteró que “esto no implica que se corte absolutamente ninguna prestación” para quienes cumplen con los requisitos legales.
- Unificación de criterios: La medida busca eliminar superposiciones de funciones y competencias, apostando a un sistema más ágil y eficiente.
La disolución de la ANDIS marca un punto de inflexión en la política de discapacidad, pasando de un modelo de gestión autónoma a uno centralizado bajo la órbita de Salud. Mientras el oficialismo presenta el cambio como un paso necesario para terminar con el “descontrol administrativo” y la corrupción, el sector de usuarios y prestadores observa con atención cómo se implementará la transición. La clave de la nueva gestión de Vilches será demostrar que la reducción de la estructura política no afectará la calidad de atención ni el acceso a los derechos fundamentales de las personas con discapacidad.
