La reglamentación podría demorar un mes y medio; la prioridad de las privatizaciones, por las que ya hay reuniones en marcha; la baja en la edad de imputabilidad y la reducción de la planta del Estado, de acá a fin de año
Exacto medio año después de haber enviado la Ley de Bases y el paquete fiscal al Congreso, el gobierno nacional hizo su balance de su primera victoria legislativa. En las filas de Casa Rosada y en diferentes terminales del oficialismo en las horas previas ya había alivio y satisfacción ante un victoria que, tras muchas varias idas y vueltas, finalmente se concretaba, pero también un argumento sobre que esta versión de la ley llega “medio año tarde y es una quinta parte de la versión original”, se lamentaban importantes fuentes del Ejecutivo.
“Dada la situación crítica del país, nos hicieron perder o, mejor dicho, le hicieron perder a la gente, seis meses”, dijo un colaborador presidencial en una reacción. Esta evaluación llega junto con la idea que con la ley se abre un nuevo escenario para el Gobierno que ya, en la práctica, no tendrá como argumento que no pueden introducir cambios o mejoras por no tener la ley.
En ese escenario, con la alusión a la demora y la reducción, el Gobierno encuentra un nuevo paraguas frente al desafío de gobernar con las leyes. En la línea del “tiempo perdido” sumaban los cambios y reducciones que se hicieron en medio de las negociaciones con la oposición dialoguista, de quienes necesitaron sus votos antes la minoría parlamentaria oficialista.
En lo inmediato, para el “Post Bases” en Balcarce 50 calculan un mes y medio para su reglamentación, según estimaron en diálogo con LA NACION fuentes al tanto de esos pormenores. “Es un tema largo y complejo, pero se apurará esa reglamentación sobre la que ya se viene trabajando”, describieron sobre el trabajo posterior a a la aprobación de la norma.
Una vez que esté la reglamentación el Gobierno prevé avanzar con las facultades delegadas aprobadas para avanzar en la Reforma del Estado. El Senado limitó la facultad del Poder Ejecutivo para intervenir organismos públicos. Se incorporaron 15 entes e institutos que no podrán disolverse. Entre ellos, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG); la Administración de Parques Nacionales (APN) y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).
Si hay un aspecto al que el Gobierno le pondrá especial celeridad a las privatizaciones de las empresas que quedaron aprobadas y también en las concesiones de las alcanzadas por esta modalidad. “La idea es que salgan lo antes posibles, como están”, definían. Por el tema ya hay reuniones en marcha.
En el capítulo de privatizaciones, el Senado acotó el número de empresas que podrían ser sometidas a ese proceso. Quitó a Aerolíneas, RTA y el Correo, aunque en la Casa Rosada sostienen que el Correo igual podría llegar a ser privatizado porque “está contemplado en la ley que lo creó”.
En el Gobierno también se muestran confiados en que acá a fin de año habrán concretado el objetivo de reducir 70 mil contratos de empleados estatales. “Se dejarán caer y se retendrán otros”, distinguen, pero insisten en que en los primeros 12 meses de gestión habrá cumplido con la promesa de reducir la planta estatal.
También miran atentos los efectos del ajuste que está sufriendo la sociedad. Por eso en la sede de Gobierno sostienen que si bien los números de aprobación a la gestión siguen siendo muy altos en imagen positiva, prevén que podría haber una situación de mayor enojo. “Son las facturas que estamos pagando del desastre que se heredó”, apuntan en referencia al kirchnerismo. Y defienden el plan que se está ejecutando al sostener que para “reordenar la economía se hizo lo que había que hacer” y que aseguran que “no había otro camino para hacerlo”.
