Legisladores de Unión por la Patria y organismos de derechos humanos exigen sanciones drásticas contra la diputada libertaria Lilia Lemoine. Tras la difusión de un video donde se ríe de comentarios jocosos sobre el exterminio de personas durante la dictadura y la muerte de Santiago Maldonado, se presentó un proyecto para crear una comisión investigadora y una denuncia penal por apología del terrorismo de Estado.
La polémica estalló tras la participación de Lemoine en el programa de streaming FDC de Ánima Digital, el pasado sábado 20 de diciembre. Durante la emisión, el columnista Alfredo “Rino” Gammariello expresó: “Con lo único que les va mal es con el agua porque cuando van a las marchas los bañan, y si los tiran de los aviones, no saben nadar, pero si se tiran por algún lado por el sur, también se ahogan”. La diputada nacional de La Libertad Avanza, sentada junto a él, estalló en carcajadas cuando otra integrante del programa remató con la frase: “Los kukas no son waterproof”.
Ante la gravedad institucional de los dichos, el bloque de Unión por la Patria presentó un proyecto de ley para crear una comisión especial que evalúe la conducta de Lemoine por “banalizar, burlar y reivindicar crímenes de exterminio propios del terrorismo de Estado”. Por su parte, los Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz —víctimas de los vuelos de la muerte en 1977— reclamaron la separación inmediata de la legisladora de su cargo y anunciaron una denuncia penal por violación al artículo 213 del Código Penal.
Puntos clave del conflicto institucional
- Banalización del Terrorismo de Estado: Los legisladores firmantes acusan a Lemoine de tratar como “humor” o “chicana” dispositivos criminales donde miles de argentinos fueron torturados y desaparecidos.
- Comisión Especial: El proyecto impulsado por Marcelo Mango busca que la Cámara de Diputados se expida con “máxima claridad y firmeza” frente a lo que consideran un hecho de extrema gravedad.
- Denuncia Penal por Apología: Familiares de las víctimas de la Iglesia de la Santa Cruz sostienen que los dichos constituyen una reivindicación de crímenes de lesa humanidad y un desprecio por el dolor de las víctimas.
- Antecedentes de Discursos de Odio: Juristas y organismos vinculan estas expresiones con la Ley Antidiscriminatoria, advirtiendo que la libertad de expresión no habilita la naturalización de la violencia estatal ni la deshumanización del adversario político.
- Reclamo de Expulsión: Los organismos de DD.HH. exigen que el Congreso no naturalice estas conductas, recordando que la anterior visita de legisladores de LLA a genocidas en Ezeiza ya había quedado sin sanción.
La política argentina enfrenta una nueva crisis ética por declaraciones que trivializan el genocidio. Mientras el oficialismo suele encuadrar estos episodios como parte de una “batalla cultural” o humor político, la oposición y los familiares de las víctimas sostienen que quienes ostentan funciones públicas tienen una responsabilidad ética superior. La creación de la comisión especial pondrá a prueba la postura del cuerpo legislativo ante discursos que, según los denunciantes, debilitan las instituciones democráticas al fomentar el odio y la impunidad.
