Por la Redacción de ADN21
La imagen de un efectivo encadenado a las rejas de la Casa Rosada ha encendido una mecha que promete llegar a la Provincia de Buenos Aires antes de que termine el mes. No se trata de acciones individuales, sino de una amenaza que pone los pelos de punta a cualquier mandatario provincial: el acuartelamiento. En las últimas horas, un grupo de intendentes —la primera línea de contacto con el territorio— ha hecho llegar al gobernador Axel Kicillof una advertencia cruda: el malestar en las bases de la Policía Bonaerense ha cruzado el umbral de la tolerancia.
El escenario evoca los momentos más críticos de la gestión de Alberto Fernández, cuando las sirenas de los patrulleros rodearon la Quinta de Olivos y la Gobernación platense. Hoy, la historia amenaza con repetirse a mediados de febrero, justo cuando Kicillof intenta blindar su proyecto presidencial para 2027. Con el grifo de fondos nacionales cerrado por la administración libertaria, el gobernador lidia con una paritaria estatal al límite, donde cualquier concesión a las fuerzas de seguridad podría desatar un efecto dominó con docentes y médicos.
El salario de la pobreza: $850.000 NO alcanzan
La queja de las bases es matemática y existencial. Sin representación gremial y con el derecho a la sindicalización sistemáticamente rechazado por la Justicia, los efectivos han canalizado su bronca a través de advertencias informales que los altos mandos ya no pueden contener.
- Sueldo Básico: Los efectivos denuncian que un básico de $850.000 es insuficiente para cubrir la canasta de una familia tipo en el conurbano.
- Horas extras (CORES): El valor de la hora adicional está congelado en unos irrisorios $1.200, lo que obliga a los agentes a realizar jornadas extenuantes para sumar un ingreso digno.
- Agotamiento y Traslados: Denuncian traslados de 12 horas, falta de descanso y una cobertura de IOMA que califican de “colapsada”.
“Somos los olvidados de siempre. Trabajamos 24 horas de corrido, mal alimentados y mal descansados. Así no podemos proteger a nadie”, advierte un testimonio de las bases recogido por iProfesional.
La interna política: El rol del Ministro Alonso
Mientras en los pasillos de La Plata intentan bajarle el tono al conflicto, el Ministro de Seguridad, Javier Alonso, ya ha mantenido conversaciones urgentes con el Gobernador. Alonso, hombre de confianza de Sergio Berni, sabe que un estallido policial es el “certificado de defunción” para cualquier aspiración electoral nacional.
Sin embargo, el descontento no es solo salarial. Los efectivos denuncian maltratos jerárquicos y un sistema de sanciones que se activa ante el menor intento de reclamo. “En cuanto manifestamos nuestra disconformidad, nos trasladan o sancionan”, aseguran desde el anonimato. A esto se suma el recorte en los adicionales del Operativo Sol, que este verano no tuvo el despliegue ni los incentivos económicos de temporadas anteriores.
Para Kicillof, el dilema es de caja y de poder. Un aumento por encima de la inflación para la policía podría calmar las aguas a corto plazo, pero agravaría el conflicto con el resto de los estatales en una provincia asfixiada financieramente. Por otro lado, un acuartelamiento masivo dejaría al descubierto la fragilidad de la seguridad en el Gran Buenos Aires, justo cuando la gestión provincial se presenta como el “escudo” frente al ajuste de Milei.
La fecha marcada en el calendario es la segunda quincena de febrero. Si las promesas de incremento salarial no llegan antes de esa fecha, los patrulleros podrían volver a sonar, pero no para perseguir delitos, sino para reclamar la dignidad que, según las bases, la política les ha negado por años.
