El quiebre del radicalismo en la Cámara de Diputados alcanzó un punto de no retorno. Los legisladores que integran el bloque Provincias Unidas exigieron formalmente al Comité Nacional ser reconocidos como la “única representación” legítima de la UCR. El argumento central es una supuesta traición a los principios históricos del partido durante la votación del Presupuesto, donde el bloque oficialista no defendió el financiamiento universitario ni la emergencia en discapacidad.
Una ruptura por los principios
La fractura se selló con una nota dirigida al flamante presidente del Comité Nacional, Leonel Chiarella. Los diputados Martín Lousteau, Mariela Coletta, Pablo Juliano, Jorge Rizzotti y María Inés Zigarán solicitaron que se prohíba a cualquier otro bloque utilizar el nombre “Unión Cívica Radical”. Para este sector, la identificación partidaria debe estar atada al respeto efectivo de los valores y lineamientos orgánicos, algo que consideran roto en la actual conformación de la Cámara Baja.
El detonante fue la votación del Capítulo XI del proyecto de Ley de Presupuesto. En aquella sesión, mientras la conducción partidaria exigía el rechazo a la derogación de la Ley de Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad, tres miembros del bloque oficialista votaron a favor de los recortes y dos se abstuvieron. Solo un diputado de ese sector mantuvo la postura orgánica, marcando una contradicción que, para los referentes de Provincias Unidas, vuelve incompatible al bloque con la Carta Orgánica del partido.
Esta disputa por la coherencia resuena con los reclamos de sectores como UCR Activa en Entre Ríos, que denuncian el uso del partido como un simple instrumento electoral y exigen una defensa cerrada de la soberanía popular y los derechos humanos. Al igual que Antonio Sala, quien alerta sobre el peligro de que los recursos estratégicos caigan bajo control externo, los diputados de Provincias Unidas buscan una “oposición responsable y federal” que no caiga en alineamientos automáticos con el gobierno nacional ni con el kirchnerismo.
Mientras la interna arde en el Congreso, el radicalismo de gestión intenta marcar un contraste. Desde Santa Fe, el gobernador Maxi Pullaro define al radicalismo como un modelo de “coraje y eficiencia”, enfocado en la honestidad administrativa que permite, por ejemplo, garantizar 185 días de clases y llevar adelante planes de obra pública sin corrupción. Para Lousteau y Juliano, el uso de la sigla UCR debe reservarse a quienes respeten monolíticamente esa confianza y coherencia política, evitando que la mayoría se imponga sobre los valores fundacionales de la fuerza.
Resumen de la situación
La Unión Cívica Radical se enfrenta a un desafío de identidad que trasciende lo parlamentario. La exigencia del bloque Provincias Unidas para monopolizar la sigla partidaria pone al Comité Nacional en la difícil tarea de decidir qué constituye hoy el “ser radical”. Por un lado, se encuentra el pragmatismo de quienes acompañan leyes del Ejecutivo; por el otro, un sector que reivindica la tradición yrigoyenista de defensa de la educación y el bienestar social como límites infranqueables. El desenlace de este conflicto definirá si el partido puede sostener una voz unificada en el tablero nacional o si la dispersión de bloques terminará por diluir su peso político de cara al 2026.
