La casa madre del fútbol tomará hoy notificación formal del rechazo de la jueza Servini al “Comité de Regulación” propuesto por el organismo, que deberá determinar si se trata de una “intervención judicial”, algo que su estatuto prohíbe taxativamente.El fútbol argentino correrá hoy el riesgo de vivir una de las jornadas más tristes de su historia, cuando la FIFA tome notificación formal del rechazo de la AFA a la intervención de un “Comité de Regularización” y, según la interpretación que haga de esta negativa, pueda determinar la prohibición a clubes y seleccionados del país para jugar competencias internacionales.
Un dato sugiere una tendencia de lo que será la lectura de la FIFA: la respuesta de la AFA obedece a una orden de la jueza María Romilda Servini, quien lleva adelante la causa por el manejo de los fondos de Fútbol para Todos. “Es una intervención judicial”, analizaron directivos de distintos clubes locales, algo que el estatuto de la entidad madre del fútbol internacional prohíbe taxativamente.
En lo inmediato, la preocupación por una desafiliación sobrevuela a Boca (el 7 y el 14 de julio debe jugar las semifinales de la Copa Libertadores ante Independiente del Valle, de Ecuador); a River (en agosto afrontará la Recopa Sudamericana contra Independiente Santa Fe, de Colombia); y al mismísimo seleccionado argentino, al que, tras la Copa América Centenario, le espera la continuidad de las Eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018 (el partido más cercano será la séptima fecha, con Uruguay, en septiembre).
La AFA, en una profunda crisis –definitivamente visibilizada en diciembre pasado, con el bochorno de una elección frustrada por errores en el conteo de votos–, en los últimos tiempos se partió en dos: un sector encabezado por el presidente de Independiente, Hugo Moyano, con quien se encolumnan clubes chicos, del ascenso y del Interior; y otro liderado por las dos instituciones más grandes del país, Boca y River (con sus titulares respectivos, Daniel Angelici y Rodolfo D’Onofrio), que impulsan la creación de la Súper Liga.
En el centro de la pelea están, entre otras cosas, el dinero que se reparte por la televisación de los partidos y el manejo de un deporte que tiene impacto directo no ya en el humor social, sino en la vida política nacional.
El conflicto fue a tal punto escandaloso que al escenario de la AFA se fueron subiendo otros actores: la Inspección General de Justicia (IGJ), que suspendió las elecciones previstas para el 30 de junio y envió a dos “asesores”; la jueza Servini, quien designó a tres veedores para profundizar la investigación sobre el manejo de los fondos del programa Fútbol para Todos (FPT); la empresa estadounidense Turner, cuyos emisarios ya elevaron una oferta por la televisación de la Primera División; y el propio gobierno nacional, que justamente suspendió la licitación para la venta de los derechos de la TV “hasta aclarar el panorama”. “En este marco de incertidumbre corresponde suspender todo tipo de actuación”, informó entonces el Secretario General de la Presidencia, Fernando de Andreis, responsable del FPT.
La decisión de la IGJ, mientras tanto, fue apelada por dos de los candidatos a la presidencia de la AFA (Moyano y su yerno, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, titular de Barracas Central). Nicolás Russo (Lanús) y Armando Pérez (Belgrano de Córdoba) no recurrieron al amparo; y Marcelo Tinelli (vice de San Lorenzo), había declinado previamente su postulación. La justicia, no obstante, refrendó la suspensión.
El estado de las cosas (y un mes después de que el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, mantuviera una teleconferencia con el titular de la FIFA, el suizo Gianni Infantino), empujó a la entidad rectora del fútbol mundial, que a su vez intenta salir de su propio escándalo (el FIFA-Gate desatado exactamente un año atrás por casos de corrupción), a enviar una comisión de dos dirigentes para analizar las salidas posibles.
Días atrás, así, llegaron el suizo Primo Corvaro (FIFA) y la paraguaya Monserrat Giménez (Conmebol). Del relevamiento realizado surgieron algunas recomendaciones, como bajar la cantidad de integrantes del Comité Ejecutivo y de la Asamblea de Representantes, y también la medida definitiva, que se dio a conocer el viernes al mediodía: la creación de un Comité de Regularización, conformado por entre cinco y siete miembros y con potestades plenas hasta el 30 de junio de 2017; y el apartamiento del presidente de la AFA, Luis Segura, reemplazado por el actual secretario ejecutivo, Damián Dupiellet, hasta la asunción del nuevo organismo.
Para la presidencia del Comité de Regularización se barajó el nombre del actual titular del Tribunal de Disciplina, Fernando Mitjans (recomendado en su momento por el propio Macri, en 1995); y para el resto de sus integrantes la FIFA puso una condición: no ser candidatos a las próximas elecciones de la AFA.
Ese era el camino para la AFA hasta el viernes entrada la tarde, más allá de las quejas de Segura desde los Estados Unidos y de varios clubes aquí en Buenos Aires, cuando Servini llegó a Viamonte, se reunió con algunos de los directivos presentes y dejó una orden por escrito: desconocer la intervención de la FIFA y prohibir a Dupiellet tomar decisiones inherentes a la “presidencia heredada” de la entidad.
Servini, quien en la semana y en el marco de la causa FPT había procesado a Segura y a varios funcionarios del gobierno anterior, cuestionó la intervención de la FIFA por considerarla inoportuna. “Hay que hacer las cosas con respeto”, se quejó el ex magistrado Alberto Piotti, uno de los veedores designados por la jueza. “El expediente está encaminado”; agregó en Radio 10.
El viernes por la noche, el mismo Dupiellet envió la notificación a la FIFA, aunque por cuestiones horarias recién ingresará este lunes por la mañana y dejó al margen de los riesgos a la Selección Argentina en la final de la Copa América Centenario Estados Unidos 2016, en la noche del domingo ante Chile.
Así, mientras Servini llamó a una audiencia a todos los integrantes del Comité Ejecutivo y a los veedores de la IGJ para analizar los pasos a seguir, mañana la FIFA responderá al rechazo de la AFA para su intervención y podría dejar el escenario inédito del aislamiento del fútbol argentino.
Allí, más allá de lamentos y negociaciones, se anticipa otra pelea: la de desligarse del altísimo costo político que tendría esta conclusión.
