Días después de anuncios contradictorios, de que primero aceptaba la decisión y luego dar a entender que no, la noche de este domingo, finalmente la presidenta Jeanine Áñez anunció que promulgará la ley que fija elecciones el 6 de septiembre, sancionada el 9 de junio por la Cámara de Senadores.
La decisión sucedió a la reunión que la mandataria sostuvo la mañana de este domingo con el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, quien, con el apoyo de Naciones Unidad, la Unión Europea y la Iglesia Católica, además del consenso con las principales fuerzas políticas, había planteado el proyecto de ley y el rango de la fecha.
A través de un mensaje al país, Áñez señaló que firmará la Ley 691, foliada así en el Órgano Legislativo, pero bajo tres reparos.
“Voy a promulgar la ley convocando a elecciones el 6 de septiembre, pero antes déjenme decir tres cosas claras sobre este tema. Nunca he tenido ningún interés en prorrogar mi gestión y sé perfectamente que una de las tareas más importantes que se me encargaron, al llegar a este puesto, fue convocar a elecciones presidenciales para superar la crisis de la democracia que generó Evo Morales y su fraude electoral”, señaló en primer lugar.
El segundo aspecto que señaló la mandataria fue que “el Gobierno pondrá todo su esfuerzo en ayudar a que se haga una elección ordenada y con el menor riesgo de contagio”. Aquí, volvió a fustigar a sus mayores oponentes políticos: “Quiero pedir al señor Evo Morales, al señor Luis Arce Catacora y al señor Carlos Mesa, que asuman con valentía la responsabilidad que tienen al haber exigido con tanta insistencia que haya elecciones en plena pandemia”.
Y, en tercera instancia, luego de aseverar que en este momento “los hogares no están pensando en elecciones ni en política ni en campañas”, sino en “la falta de ingresos, por la falta de trabajo y la falta de empleo”. Llamó a la unidad: “que entre todos hagamos de esta elección la oportunidad para unirnos y avanzar en la solución de estas tres necesidades de la gente; unirnos para reconstruir una Bolivia democrática, impulsando entre todos la recuperación de la economía y del empleo en todo el país y unirnos por la salud; con estas reflexiones, promulgó la ley”.
Añez promulgó la ley luego de 12 días de sancionada; el miércoles 24 acababa el plazo para este consentimiento presidencial; de no hacerlo, iba a ser la titular en ejercicio de la Asamblea Legislativa, Eva Copa, quien la promulgaría.
La mandataria en su mensaje no dejó de remarcar las “presiones” que habría sufrido por parte “del candidato Carlos Mesa y otros políticos” exigiéndole elecciones el 6 de septiembre, “exigiendo elecciones en plena pandemia”, como lamentó.
Vaivenes
La promulgación de la norma ocurre después de idas y venidas de Áñez y su gobierno respecto de promulgar o no la referida norma.
Ya el 2 de junio, cuando el TSE anunció el acuerdo político para las elecciones hasta el 6 de septiembre, la Presidenta había asegurado que “Bolivia debe tener la certeza (de) que la elección 2020 cumplirá a la vez con los exigentes estándares de integridad electoral, calidad democrática y protección sanitaria”.
Al día siguiente de la remisión de la norma desde el Senado, el 10, a nombre de la mandataria, el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, se adelantó en decir que la Presidenta firmará la norma, aunque pidió al TSE y al Movimiento Al Socialismo (MAS) hacerse responsables públicamente de las eventuales consecuencias de las elecciones en la salud de los bolivianos.
Luego, a pesar de haber dicho el día de Corpus Christi (11 de junio) que acatará la disposición del TSE, al día siguiente nuevamente dio un giro al enviar una carta a Copa para pedirle un “estudio” que avale la nueva fecha de los comicios: “Le pido que me haga llegar usted el estudio médico y científico (el estudio epidemiológico) en el cual se basa su decisión y la del MAS para impulsar elecciones el 6 de septiembre”, escribió.
Aquí, tanto el MAS como Comunidad Ciudadana (CC), que postula a Carlos Mesa, consideraron que la intención de Áñez era prorrogarse en un mandato que solo tenía el fin de convocar y presidir nuevas elecciones.
Con el pedido del “informe científico”, el gobierno de Añez instaló un conflicto de poderes. El MAS aclaró que a quien debería pedir un informe Áñez es al presidente del TSE, debido a que fue el órgano que rige el que sugirió la fecha. Y Copa aseguró que mientras no sea promulgada la Ley 691, la Ley 1297, que fija un plazo tope hasta el 2 de agosto, es la que estaría vigente.
Este domingo, finalmente se cerró el asunto. Este acto coincidió con los “petardazos” que desde hace dos meses, cada domingo, propician movimientos ciudadanos y políticos, como el MAS, para reclamar elecciones.
