Fortalecido por el caudal de votos y la presión del FMI, el Gobierno de Javier Milei acelera su plan para una “modernización laboral” que incluye iniciativas con puntos clave del suspendido DNU 70. La Casa Rosada habilitó a sus diputados a presentar múltiples proyectos para enriquecer el debate de la propuesta central, que la central obrera ya calificó como una “ratificación” de la flexibilización y “regresiva”, mientras que los empresarios celebran el impulso para “reducir el costo argentino”.
Puntos Clave
- Doble Vía de Impulso: El Gobierno busca consenso en el Consejo de Mayo para un proyecto central en diciembre, mientras que pidió a diputados y aliados que elaboren proyectos paralelos para garantizar un mayor caudal de propuestas en el Congreso.
- Presión Externa: El FMI exige a la Argentina avanzar en una agenda de reformas estructurales cruciales que, además de la laboral, incluyen cambios tributarios (baja de 20 impuestos) y previsionales (jubilaciones por aportes reales).
- Contenido Polémico: La iniciativa principal es el proyecto de la diputada Romina Diez, que rescata medidas del DNU 70/23, como la ampliación de la jornada laboral a 12 horas, el pago de parte del salario en “ticket canasta” y el pago de indemnizaciones en hasta 12 cuotas.
- Respaldo Empresarial: Entidades como la UIA defienden las reformas ante la Justicia y la Legislatura, priorizando la reducción del “costo argentino” mediante la baja de la presión tributaria y la flexibilización de las normas.
- Rechazo Sindical: La CGT ha manifestado su “contundente y categórico rechazo” a cualquier reforma inspirada en el DNU 70, y analizará los pasos a seguir en su reunión ampliada.
Impulsado por un triunfo rotundo en las urnas, el Gobierno de Javier Milei ha dado un “primer gesto concreto” para acelerar la sanción de una reforma laboral largamente ansiada. La estrategia es de doble juego: mientras se intenta un consenso con empresarios y la CGT en el Consejo de Mayo para tratar el tema en diciembre, la Casa Rosada ha dado luz verde a sus diputados para que presenten iniciativas propias sobre el tema.
La propuesta que sirve de base para el oficialismo es la “ley de promoción de inversiones y empleo” de la diputada Romina Diez, un vehículo legislativo para reintroducir los puntos más resistidos del Título IV del DNU 70/23, que fue suspendido por la Justicia. Esto incluye medidas de flexibilización, como la ampliación potencial de la jornada laboral a 12 horas y el pago de indemnizaciones en cuotas. El plan oficial no es un hecho aislado, sino que responde a una agenda de reformas estructurales solicitada por el FMI, que incluye también las áreas tributaria y previsional.
El movimiento despertó la inmediata y dura respuesta de la CGT, que ve en la iniciativa una “ratificación del Decreto 70/23”. Sin embargo, el sector empresario, liderado por la UIA, ha respaldado activamente las iniciativas, llegando a presentarse ante la Justicia para defender la validez de la flexibilización, bajo el argumento de que es imprescindible para “reducir el costo argentino” y fomentar la competitividad. La próxima discusión en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados será el primer campo de batalla.
EL RESPALDO EMPRESARIAL: “REDUCIR EL COSTO ARGENTINO”
La agenda de reformas de la Casa Rosada cuenta con el explícito y activo respaldo de las principales entidades empresariales, como la Unión Industrial Argentina (UIA) y los participantes del Coloquio de IDEA.
- Defensa Judicial y Legislativa: La UIA y otras entidades como el G-6 de Córdoba han sido proactivas en la defensa de la reforma laboral. La UIA se presentó como amicus curiae ante la Justicia para reclamar que se revoque la suspensión del Capítulo Laboral del DNU 70/23, argumentando que las reformas “se adaptan a las nuevas realidades de empleo”.
- Foco en la Competitividad: El reclamo central del empresariado es “reducir el costo argentino”. El presidente de la UIA, Martín Rappallini, ha reafirmado la disposición del sector a trabajar en las reformas laboral, impositiva y productiva para “mejorar la competitividad y generar más empleo formal e inversión”.
- Baja de Impuestos como Prioridad: Los empresarios apoyan enfáticamente la reforma tributaria prometida por el Gobierno, que busca eliminar 20 impuestos y simplificar el sistema. Argumentan que el factor que más encarece la producción industrial es la presión tributaria y los altos costos logísticos.
LA AGENDA COMPLETA DEL GOBIERNO Y EL FMI: TRES REFORMAS CLAVE
La urgencia del Gobierno por avanzar con la reforma laboral está alineada con las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI), que ha pedido a la Argentina acelerar con los cambios para sostener la estabilidad económica. La reforma laboral es solo la primera de una trilogía de transformaciones estructurales:
1. Reforma Laboral (Prioridad Inmediata)
Busca flexibilizar el mercado, reducir los litigios, eliminar la ultraactividad de los convenios e impulsar el concepto de “salarios dinámicos” ligados al mérito.
2. Reforma Tributaria (Menos Impuestos, Base Amplia)
El objetivo es simplificar drásticamente el sistema fiscal para fomentar la formalización y la inversión.
- Reducción y Simplificación: El ministro Caputo prometió una iniciativa que reducirá hasta 20 impuestos y que incluirá la baja de alícuotas del Impuesto a las Ganancias para individuos.
- Modernización: Se busca ampliar la base imponible y modernizar la legislación de responsabilidad fiscal, reduciendo las multas por evasión.
3. Reforma Previsional (Sistema Sostenible y sin Moratoria)
Prevista para ser debatida en 2026, busca eliminar el déficit y alinear los haberes a los aportes reales.
- Fin de la Moratoria: Implica la eliminación de la moratoria jubilatoria, llevando a un nuevo sistema donde las jubilaciones serán proporcionales a los aportes registrados (pilar central).
- Estructura Dual: Se establecería una estructura de dos componentes: un haber basado en los aportes y un ingreso asistencial básico (PUAM).
- Edad Jubilatoria: La necesidad de sostener el sistema pone la discusión del aumento de la edad jubilatoria sobre la mesa.
Los Puntos de Conflicto
La base de la disputa legislativa se centra en el proyecto de la diputada Romina Diez, que actúa como el caballito de Troya para reintroducir las medidas del DNU 70 suspendidas por la justicia. En esencia, el Gobierno busca una flexibilización profunda del mercado:
- Jornada Extensible y Fragmentada: Se retoma el concepto de bancos de horas, permitiendo que la jornada laboral pueda extenderse hasta 12 horas diarias, siempre que el promedio semanal se mantenga. Esto otorga una gran discrecionalidad al empleador y modifica el principio de irrenunciabilidad.
- Ataque a la Caja Sindical y la Huelga: Se busca limitar las cuotas solidarias solo a afiliados (afectando la financiación de los gremios) y, crucialmente, una propuesta busca tipificar el bloqueo sindical como delito penal, criminalizando una herramienta de protesta clave.
- Indemnizaciones y Salario en Cuotas: Se propone que las empresas puedan abonar indemnizaciones y multas judiciales en hasta 12 cuotas, licuando el valor del resarcimiento por despido. Además, el Gobierno insiste en reincorporar la figura del “ticket canasta” como parte no remunerativa del sueldo.
- Paritarias por Productividad: A nivel de negociación, la meta es terminar con la ultraactividad de los convenios e instalar el concepto de “salarios dinámicos” (propuesta de Cordero), atando los aumentos salariales al mérito individual y a la capacidad económica de la empresa.
