El Gobierno de Javier Milei ha detonado una serie de “bombas molotov” contra los cimientos del sistema social y laboral argentino, comprometiendo gravemente el diálogo con la Confederación General del Trabajo (CGT). El punto de quiebre fue la drástica afectación a las obras sociales sindicales, un golpe que, según altas fuentes de la CGT, implica una quita de $90.000 millones del sistema de salud. Esta sangría se produce por la reducción de un punto en los aportes patronales destinados a las obras sociales, pasando del 6% al 5%.
El Secretario de Acción Social de CGT, José Luis Lingeri, detalló el impacto catastrófico. La baja de un punto equivale a $16.500 millones mensuales menos en el Fondo Solidario de Redistribución (vital para enfermedades complejas) y a $96.000 millones menos en la masa total a distribuir entre las Obras Sociales, con cálculos basados en datos de agosto. Uno de los líderes de la CGT calificó la medida como un “ataque directo”, y senadores de Unión por la Patria sugieren que la movida busca “desfinanciarlas para luego intervenirlas”. La motosierra se aplicaría, por lo tanto, sobre la salud de los trabajadores.
Este compendio de medidas, que también incluye ataques a jubilados y al fisco, llevó a la CGT, las dos CTA y las 62 Organizaciones a declararle la guerra al proyecto. La central obrera convocó a una marcha masiva a la Plaza de Mayo para el próximo jueves 18 de diciembre.
Otro foco de conflicto que rompió los puentes con el sindicalismo es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Este fondo recibirá un nuevo aporte del 3% de los empleadores, que será administrado por el Estado para pagar futuras indemnizaciones por despidos. El fondo recaudará unos u$s2.500 millones (cerca de 3,65 billones de pesos).
La contracara de este beneficio patronal es la financiación: los empleadores dejarán de pagar el 3% del sueldo a los aportes previsionales, resentido la caja de jubilaciones de la ANSES en la misma medida. La CGT denuncia que los jubilados financiarán “con 2.500 millones de dólares a los futuros despidos de los empresarios y éstos no tendrán que esforzarse”. Según el Instituto de Estudios Formación del CTA, las indemnizaciones por despido pasarán a ser abonadas íntegramente con recursos que dejará de recibir la ANSES, afectando su capacidad para mejorar prestaciones como jubilaciones y asignaciones familiares. En total, se estima una transferencia de entre 2.000 y 2.500 millones de dólares al año de los trabajadores a los empleadores.
La reforma profundiza el camino iniciado por el DNU 70/23 y la Ley Bases, buscando fortalecer la posición de los empleadores y debilitar la acción colectiva.
- El proyecto elimina el Estatuto del Periodista y la ley de viajantes.
- Se impulsa la descentralización sindical y la primacía del convenio por empresa.
- Se imponen fuertes restricciones al derecho de huelga, al considerar casi todas las actividades como servicios esenciales o de importancia trascendental, exigiendo una dotación mínima de entre el 50% y el 75%.
El proyecto también pone en peligro las cuotas solidarias (el 2/3% de los salarios que pagan los trabajadores no afiliados). Aunque el Gobierno no las eliminó del todo (como pedían Sturzenegger y Bullrich), el proyecto establece que el empleador podrá actuar como agente de retención solo si hay conformidad expresa del trabajador, lo que en la práctica las dejaría “en la nada” y desfinanciaría a los sindicatos.
En el Senado, la estrategia del peronismo (con 28 senadores) es afinar los números de impacto fiscal y social para convencer a senadores dudosos y a gobernadores aliados a Milei (como Rolando Figueroa, Gustavo Saenz y Claudio Vidal), gestión que lidera Gerardo Martínez. El peronismo intentará dividir la parte laboral de la ley de la parte fiscal para que esta última se trate por separado en Diputados.
El peronismo denuncia que la ley no facilitará la creación de empleo y que luego de la sanción de la Ley Bases, el desempleo y la ocupación no registrada crecieron. Los cambios buscan fortalecer la posición patronal, limitar la capacidad de reclamo judicial del trabajador y reducir costos laborales, individualizando los vínculos laborales.
