“Los argentinos tienen el derecho de saber a dónde es destinada la plata que el Estado les retiene”, argumentó Sebastián Amerio, secretario de Justicia, para fundamentar la modificación
En el marco de las reformas que el Ministerio de Justicia impulsa en pos de desregular el mercado automotor, el titular de la cartera Mariano Cúneo Libarona, y el Secretario de Justicia, Sebastián Amerio, anunciaron una nueva medida vinculada al cobro de impuestos, tasas y multas. “Los registros automotores dejarán de cobrar los impuestos y tasas relativos a la radicación de automotores y de sellos, y las multas por infracciones de tránsito cometidas en jurisdicción provincial o municipal. Será responsabilidad de cada jurisdicción la percepción de los mismos”, explicó el abogado Cúneo Libarona este lunes.
A su vez, Amerio, que tiene bajo su órbita la Subsecretaría de Asuntos Registrales, acotó: “Los gobiernos van a tener que hacerse responsables ante los ciudadanos de los impuestos, tasas y retenciones que les cobran. Los argentinos tienen el derecho de saber a dónde es destinada la plata que el Estado les retiene”.
Respecto de la conveniencia que implica dejar sin efecto los convenios por los cuales los Registros Seccionales perciben en la actualidad los impuestos y/o tasas, enfatizó en que “esa operatoria resulta ajena al desarrollo de la actividad registral”. El secretario de Justicia sostuvo además que “los convenios vigentes de complementación de servicios prevén, la posibilidad que cualquiera de las partes deje sin efecto su operatoria, notificándolo con su debida anticipación”.
Concluyó que, por todo lo expuesto, “resulta pertinente denunciar todos los Convenios vigentes de Complementación de Servicios suscriptos entre este, el Ministerio de Justicia y las Municipalidades, Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Legajo Digital Único, nuevo Certificado digital y reducción de los costos
La novedad se da a conocer horas después de que el Ministerio de Justicia oficializara la reducción de aranceles para la compra y venta de autos y creó el Legajo Digital Único (LDU) y el nuevo Certificado Digital que se usará para la venta. Así se dispuso a través de las resoluciones 272 y 273 publicadas en el Boletín Oficial.
De ahora en más, el costo de la transferencia de vehículos será del 1% en relación al valor del bien y no se cobrará la emisión de cédulas de identificación automotor, títulos, chapas, patentes ni la certificación de hasta dos firmas. Según estimaciones del ministerio, estos cambios representan “un ahorro mensual adicional de $1300 millones para la Administración Pública” y que “regresen al bolsillo de los argentinos más de $36.000 millones por año”.
Como había anticipado LA NACION, “dicho Legajo Digital Único (LDU), tiene finalidad facilitar un servicio de inscripción abierto, accesible y estandarizado, bajo jurisdicción nacional, que permita las inscripciones o anotaciones peticionadas por los titulares registrales o por intermediarios autorizados”.
“Estará compuesto por un Certificado Digital Automotor (CDA), provisto por el Sistema Único de Registración de Automotores (SURA) y un repositorio digital que contendrá las imágenes digitales de todas las Solicitudes Tipo que instrumenten la registración de un trámite generadas con posterioridad”, explica.
En el artículo 3, la resolución dispone la eliminación de los “polígonos de división de la jurisdicción seccional” y agrega “la jurisdicción única en todo el territorio de la República Argentina permitiendo la libre elección del Registro Seccional de acuerdo con los parámetros que fije la Dirección Nacional”.
Esto significa que la transferencia de un auto podrá radicarse en el registro que la persona elija, sin estar atado a la jurisdicción que le tocó.
Por último, suprime todos los Registros intervenidos a cargo de agentes de la DNRPA y ordena el “inmediato regreso a cumplir funciones” en la citada DNRPA a todos aquellos empleados del Ministerio de Justicia que se desempeñan en los mencionados registros.
Todas estas medidas siguen la línea del decreto de desregulación económica emitido por el Gobierno en diciembre último, donde se había establecido que los trámites de inscripción y transferencia de un vehículo puedan hacerse de manera digital y simplificada, sin tener que concurrir personalmente al registro.