El Gobierno anunció el cierre definitivo de Vialidad Nacional, Dirección Nacional de Vialidad, de la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial y la Agencia de Seguridad Vial. También informó la reestructuración de la CNRT, que pasará a tener un nuevo nombre.
Así lo indicó este lunes el vocero Manuel Adorni, quien lo hizo luego de presentar un informe en el que repasaba la reciente condena contra Cristina Kirchner.
“Les queríamos comunicar que el presidente Javier Milei, a través de un decreto, ordeno el cierre definitivo de la Dirección Nacional de Vialidad. Y también la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vialidad”, señaló.
“Se reorganizará la CNRT, que pasará a denominarse Agencia de control de concesiones y servicios públicos y transporte. Será la encargada de fiscalizar las concesiones viales”, agregó.
La idea del Gobierno es mantener la condición de ente regulador autárquico para “proteger los derechos de los usuarios”. La reorganización intenta “optimizar el desempeño técnico, establecer un organismo específico de fiscalización, reforzar los mecanismos de control y garantizar una administración más eficaz y transparente de los recursos públicos”.
En tanto, las competencias de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) serían transferidas a la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, el organismo que manejará gran parte de las estructuras que desaparecen.
En tanto, la prevención y control del tránsito en las rutas nacionales y otros espacios del dominio público nacional pasarían exclusivamente a Gendarmería. “La Gendarmería Nacional Argentina tendrá a su cargo la constatación de infracciones de tránsito en rutas, autopistas, semiautopistas nacionales y otros espacios del dominio público nacional”, dirá la norma, según trascendió.
E texto facultaría a la Gendarmería a “actuar de manera complementaria con organismos nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en tareas de prevención y control de tránsito, mediante convenios específicos”.
Además, Adorni señaló que “el Gobierno dará apertura para la concesión de más de 9000 kilómetros de ruta que tras décadas de despilfarro se vieron degradadas como nunca antes en la historia. Este esquema de adjudicación de la obra pública generó un agujero fiscal que destrozo las arcas del Estado. Condenando a los argentinos a solventar con sus impuestos”.
“La corrupción de la obra pública tiene su acta de defunción firmada”
El vocero presidencial sostuvo esta tarde que “la corrupción en la obra pública tiene su acta de defunción firmada, y la acaba de firmar el presidente Javier Milei”, en referencia al cierre de Vialidad Nacional anunciado por el Gobierno.
Adorni detalló que “el cierre de Vialidad se da en el marco de las facultades delegadas incluidas en el marco de la Ley Bases, promulgada hace exactamente un año”.
“Decían que aprobar las facultades delegadas era inconstitucional, que le daban superpoderes a un Gobierno reaccionario, que solo iban a ser para destruir el Estado. Que se vendía el país. La realidad es que el gobierno de Milei es de los pocos desde la vuelta de la democracia, es el único que no solicito una prórroga de las facultades delegadas”, agregó Adorni, quien repasó los distintos momentos en que los gobiernos anteriores extendieron las facultades delegadas, como fue el caso por ejemplo de Alberto Fernández durante la pandemia.
“El problema no es la herramienta, sino quién la usa y para qué. Si se usa para recortar la inmensa estructura del Estado o para recortar las libertades de los argentinos”, agregó.
“Las facultades delegadas se usaron para bajar los impuestos de los argentinos: los 65 decretos, implicaron un ahorro de u$s2.000 millones anuales en gastos. También fue la primera vez que al usarla el presidente se apegó a la Constitución”, continuó el vocero.
“Desde 1983 al 2023, el empleo público creció 150%, se crearon 110 organismos y más de 5.500 funcionarios fueron nombrados en áreas descentralizadas”, subrayó.
Estas serían las principales funciones del nuevo organismo
El nuevo organismo se denominará “Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte y será la autoridad encargada de fiscalizar todas las normas y actos administrativos relacionados con la supervisión de concesiones viales.
- Fiscalizar el cumplimiento de contratos de concesión, acuerdos de operación y permisos de explotación de los servicios públicos de transporte automotor urbano, suburbano y ferroviario de pasajeros y cargas de jurisdicción nacional.
- Realizar inspecciones in situ y solicitar documentación e información necesaria a los operadores y concesionarios.
- Controlar la ejecución de contratos de concesión vial, en coordinación con el organismo encargado de los procesos licitatorios, asegurando la separación entre la fiscalización y la administración de licitaciones.
- Supervisar y controlar los servicios públicos de transporte terrestre de jurisdicción nacional, asegurando condiciones técnicas y de prestación adecuadas para garantizar la continuidad y seguridad del servicio.
- Fiscalizar las medidas adoptadas por empresas o concesionarios para garantizar la seguridad de los bienes en servicios ferroviarios, protegiendo a las personas y las cargas.
- Aplicar sanciones previstas en normas legales y contratos de concesión en caso de incumplimientos.
- Promover acciones civiles o penales ante los tribunales competentes, y asistir a la Secretaría de Transporte en materias de su competencia.
- Proteger los derechos de los usuarios, gestionando quejas, reclamos y denuncias relacionadas con los servicios de transporte público automotor urbano, suburbano y ferroviario.
- Conducir investigaciones técnicas, emitir informes y fomentar mejoras en calidad, eficiencia y seguridad operacional, en coordinación con otros entes públicos.
- Fiscalizar el cobro de tasas, derechos y aranceles vinculados a sus funciones, previa intervención de la Secretaría de Hacienda.
- Propiciar la suspensión y caducidad de permisos y licencias, para su resolución por parte de la Secretaría de Transporte.
- Investigar accidentes ferroviarios relevantes, incluyendo sucesos en cruces a nivel entre vías férreas y calles o caminos.
- Requerir auxilio de la fuerza pública para el cumplimiento de sus funciones y resolver conflictos relacionados con la modalidad de acceso abierto en concesiones ferroviarias.Fiscalizar los programas de mantenimiento de infraestructura ferroviaria y material rodante.
