Por la Redacción de ADN21
La decisión del Gobierno de frenar la implementación de la nueva metodología para medir la inflación ha provocado un sismo institucional en el Indec, desencadenando la salida inmediata de su director, Marco Lavagna, y una catarata de advertencias por parte de los analistas más respetados del país. En una economía que aún intenta anclar expectativas, la postergación del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) es leída no solo como una desprolijidad técnica, sino como un peligroso “tiro en el pie” que pone en juego la credibilidad recuperada tras años de manipulación.
El malestar en el mercado se encendió al conocerse que el impacto de la nueva canasta en la cifra de enero hubiera sido marginal, con una variación estimada de apenas 0,1 puntos porcentuales al alza. Para economistas como Carlos Melconian, este escenario vuelve la decisión incomprensible desde lo técnico y desastrosa desde lo comunicacional. El expresidente del Banco Nación fue tajante al señalar que el Gobierno cometió el pecado de tener una “infantería comunicacional” que informa mal, calificando el episodio como un “horror de crédito personal” en un momento donde los precios relativos todavía no terminan de corregirse.
La sombra de la interferencia política
Esta visión de una “intervención innecesaria” se propagó rápidamente en el círculo profesional, donde se teme que la política vuelva a meter la mano en el termómetro. Andrés López, director del IIEP, elevó el tono de la crítica al calificar la medida como “tonta y peligrosa”, advirtiendo que esta decisión habilita a sectores afines al “morenismo” a cuestionar la transparencia estadística.
Por su parte, Martín González Rozada describió la jornada como un “día negro para las estadísticas públicas”, sugiriendo que la interferencia para impedir la publicación de la nueva canasta habla más del proceso de desinflación del ministro que de la forma técnica de medirla. En la misma sintonía, Marina Dal Poggetto consideró la demora como “desprolija”, subrayando que todos los analistas ya daban por descontado el cambio metodológico, lo que genera un “ruido” institucional que la continuidad técnica de Pedro Lines —quien queda al frente del organismo— intenta mitigar.
El riesgo para los contratos y el crédito
La preocupación técnica se traslada también al impacto real en el bolsillo y los activos financieros. El economista Martín Tetaz recordó que existen contratos y precios, como el CER o la UVA, que ajustan por el IPC, por lo que cualquier sospecha de manipulación resulta inadmisible. Tetaz advirtió que el daño reputacional arrastra también a la autoridad monetaria, impactando negativamente en el programa antinflacionario.
A esta advertencia se sumó Alfonso Prat-Gay, quien remarcó que la independencia de las estadísticas es “absolutamente esencial” para la estabilidad, especialmente en un país con una historia de “manoseo” estadístico que costó mucho revertir. En contraste, Lucas Llach prefirió valorar la gestión saliente de Lavagna, destacando que durante sus años y los de Jorge Todesca se logró recuperar la credibilidad del instituto tras su etapa más oscura.
¿Diferencia profesional o retroceso institucional?
En un intento por aportar una mirada más matizada, Sebastián Galiani definió la salida de Lavagna no como un escándalo, sino como una “diferencia profesional” resuelta con una renuncia digna. Según el exviceministro, el Gobierno se equivocó por razones de timing político: no buscó esconder la fiebre, sino evitar un ruido político innecesario, aunque al comunicarlo mal terminó generando el efecto contrario.
Sin embargo, para el grueso de los consultores, el riesgo de “morenización” sigue latente. Fernando Marull resumió el sentimiento de alerta al señalar que, si ya existía un cronograma y una metodología anunciada, dar marcha atrás resulta peligroso para la memoria institucional de la Argentina. El interrogante para el resto del año es cuánto costará recuperar la confianza en un indicador que, por solo una décima de diferencia, volvió a quedar bajo la lupa de la política.
