El Congreso debate la creación de una comisión investigadora sobre la tragedia del fentanilo adulterado. El proceso se retrasa y afloran tensiones políticas, mientras los familiares de las víctimas exigen respuestas y justicia.
En el corazón del Poder Legislativo argentino, un tema de extrema gravedad ha puesto de manifiesto las diferencias y los desafíos de la política en tiempos de crisis. La posible creación de una comisión especial investigadora sobre la comercialización de fentanilo contaminado, que ya ha causado 96 muertes, se encuentra en un punto muerto, retrasada por discusiones reglamentarias y diferencias de estrategia entre los bloques.
El contexto de una tragedia
La tragedia del fentanilo adulterado no es un hecho aislado. Se inscribe en una crisis sanitaria que, según la diputada Silvana Giudici (PRO), tiene múltiples dimensiones: desde la contaminación del medicamento y su posible conexión con el narcotráfico, hasta la complicidad de empresarios y la eventual participación de funcionarios. La causa judicial, a cargo del juez Ernesto Kreplak, ya ha tenido su primera detención, la de Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma.
Este caso, para el diputado Christian Castillo (Frente de Izquierda), expone los “límites de la política de desguace de los organismos de regulación y control”, trazando un paralelismo con tragedias como el accidente de LAPA en 1999. El legislador responsabilizó directamente al ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, y vinculó lo ocurrido con los despidos en la ANMAT. El fentanilo, un potente analgésico, se ha convertido en el protagonista de un drama que va más allá del ámbito de la salud y penetra en las entrañas de la política y el crimen organizado.
Un debate lleno de tensiones
La reunión de la Comisión de Poderes, Peticiones y Reglamento, presidida por Silvia Lospennato (PRO), reveló las fricciones internas. El retraso en la emisión de un dictamen se debe a la ampliación de giros de los proyectos, que ahora también deben pasar por la Comisión de Asuntos Constitucionales, una decisión de Presidencia de la Cámara, a cargo de Martín Menem, que generó malestar entre los legisladores.
En el debate, se analizaron varias propuestas, pero la principal disputa se centró en la iniciativa de Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria). La diputada propone la creación de una comisión bicameral para que las citaciones a funcionarios tengan “mayor fuerza” y para garantizar el “mayor grado de institucionalidad” frente a la gravedad del caso. La oposición, encarnada por Lospennato, se mostró reacia, argumentando que una bicameral requiere los dos tercios de los votos del Senado para avanzar y que podría dilatar el proceso.
El diputado Pablo Juliano (Democracia para Siempre) alertó sobre el riesgo de que el tema se convierta en una “burla” si no hay una investigación seria, mientras que Jorge Araujo Hernández (Unión por la Patria) sostuvo que la política no puede desligarse del asunto y que hay que investigar “hacia arriba”: al Ministerio de Salud, Capital Humano y las autoridades gubernamentales. La situación refleja la clásica puja política argentina, en la que incluso las tragedias se convierten en objeto de disputa.
La voz de las víctimas
Más allá de los tecnicismos y las rencillas políticas, la reunión contó con la presencia de quienes más sufren las consecuencias de esta tragedia: los familiares de las víctimas. Sus testimonios fueron un llamado a la acción. Clarisa Álvarez, quien perdió a su padre, y Liliana Peralta, madre de Leonel Ayala, leyeron una emotiva carta en la que solicitaron compromiso, acción inmediata y acceso a la información pública. Su presencia sirvió como un recordatorio contundente de que, detrás del debate legislativo, hay vidas truncadas y familias que buscan justicia y que “se tuvieron que arrastrar para saber de qué habían muerto sus hijos”.
Resumen final
La creación de una comisión investigadora por la tragedia del fentanilo contaminado se ha retrasado una semana en el Congreso argentino. La decisión se debe a una ampliación de los giros de los proyectos, que han generado un debate tenso entre los legisladores. La principal diferencia radica en si la comisión debe ser especial (uniparlamentaria) o bicameral, una propuesta impulsada por Unión por la Patria.
Mientras los políticos discuten los mecanismos, los familiares de las víctimas se hacen presentes para exigir una respuesta urgente y contundente, presionando para que el Congreso no naturalice la impunidad y actúe con celeridad. El proceso legislativo, en este caso, se convierte en un reflejo de las tensiones políticas y burocráticas que a menudo obstaculizan la búsqueda de la verdad y la justicia.
