En medio de la disputa con los mandatarios provinciales por el manejo de fondos, el Gobierno nacional utilizó la caja de los Aportes del Tesoro Nacional para un selectivo reparto. Misiones, Chaco, Entre Ríos y Santa Fe recibieron $12.500 millones, en una movida que marca un acercamiento a los gobernadores con sintonía política con la Casa Rosada.
En un escenario de creciente tensión política entre el Gobierno nacional y los gobernadores, la distribución de los fondos de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) se ha convertido en una pieza clave del ajedrez político. Mientras el presidente Javier Milei vetó la ley que buscaba democratizar el reparto de estos fondos, la Casa Rosada ha optado por un manejo discrecional, transfiriendo millonarios recursos a provincias seleccionadas, lo que ha generado un nuevo capítulo de fricción y negociación.
La decisión de vetar la ley de ATN, impulsada por casi la totalidad de los gobernadores, reavivó el conflicto. Sin embargo, en un movimiento que muchos interpretan como una combinación de castigo y recompensa, el Gobierno de Milei transfirió $12.500 millones a cuatro provincias. Los beneficiados fueron los gobernadores aliados o dialoguistas: Rogelio Frigerio (Entre Ríos) con $3000 millones, Leandro Zdero (Chaco) con $2500 millones, el misionero Hugo Passalaqua, un aliado clave en el Congreso, con $4000 millones, y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), quien a pesar de su postura crítica, recibió $3000 millones.
Estas transferencias, realizadas poco después de que Frigerio y Zdero se reunieran con funcionarios de la Casa Rosada y Olivos, no pasaron desapercibidas. La conexión entre los encuentros y los desembolsos sugiere una estrategia de “billetera” para asegurar apoyos o desactivar la oposición. A estos fondos, se suman los $9000 millones que ya había recibido Santa Fe en lo que va del año.
El veto presidencial, sin embargo, abre otro frente de batalla en el Congreso. La norma ahora pasará al Senado para su debate, y el oficialismo enfrenta el desafío de conseguir el número necesario para sostener la impugnación. Ante este panorama, el ministro del Interior, Lisandro Catalán, ha señalado que el Gobierno evalúa otras alternativas de financiamiento, como la posibilidad de otorgar préstamos a los gobernadores. Esta propuesta, que busca ofrecer una salida a los reclamos provinciales sin ceder el control sobre los ATN, podría ser el puente para evitar una nueva derrota legislativa.
El manejo de los ATN, un fondo diseñado para emergencias pero utilizado históricamente como caja de negociación política, ha sido errático. El monto total distribuido hasta agosto de 2025 asciende a $107.500 millones, con un podio de provincias más beneficiadas que incluye a Neuquén ($15.000 millones), Salta ($13.000 millones), y un empate entre Santa Fe y Tucumán, ambas con $12.000 millones. La falta de transparencia en los criterios de distribución se mantiene en medio de la escalada de la confrontación política.
Mientras el Gobierno insiste en su disposición al diálogo y en la necesidad de no “tirar por la borda” el esfuerzo económico, la tensión persiste con gobernadores como Axel Kicillof y los del bloque Provincias Unidas, quienes mantienen una postura crítica. En este contexto, el veto y las transferencias selectivas se consolidan como las dos caras de una misma moneda en la compleja y conflictiva relación entre la Nación y sus provincias.
