Con el financiamiento como eje central y un cronograma legislativo acelerado, el Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de Reforma del Régimen Penal Juvenil. La intención de La Libertad Avanza es dictaminar este miércoles en comisiones y sesionar el jueves para obtener la media sanción de manera inmediata.
El Gobierno de Javier Milei ha decidido apretar el acelerador legislativo para saldar una deuda pendiente: la reforma del sistema penal juvenil. A través de un documento que replica la propuesta de 2024 pero añade un detallado esquema de financiamiento, el oficialismo busca dar respuesta a la inseguridad protagonizada por adolescentes y desarticular redes criminales que utilizan a menores inimputables.
El debate no solo es punitivo. El proyecto establece la creación de institutos especiales donde el personal debe estar especializado en infancia y adolescencia, quedando terminantemente prohibida la convivencia con internos mayores. Para delitos menores, con penas de hasta 3 años, la ley prioriza medidas alternativas como tareas comunitarias, reparación del daño y prohibición de acercamiento a las víctimas, dejando la privación de libertad como última instancia.
Con el apoyo condicionado de los bloques dialoguistas, que darán batalla por elevar la edad a los 14 años, la Comisión de Justicia, Familia y Presupuesto será el primer escenario de definiciones este miércoles, antes de que el tema llegue al recinto un día después.
Los puntos clave del nuevo proyecto
- Edad de punibilidad: El texto establece bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros.
- Consenso opositor: A pesar del deseo del Ejecutivo, la oposición dialoguista (PRO y UCR) mantiene su postura de fijar el piso en los 14 años, por lo que se espera una modificación en el dictamen final.
- Asignación Presupuestaria: El artículo 51 detalla un monto de $23.739.155.303,08 para la implementación de la ley, saldando el conflicto por los fondos que frenó el proyecto el año pasado.
- Distribución de fondos: Del total, $3.131.996.784,28 corresponden al Ministerio de Justicia y $20.607.158.518,80 a la Defensoría General de la Nación.
- Régimen de penas: Se contemplan penas máximas de hasta 20 años de prisión, prohibiendo explícitamente la reclusión o prisión perpetua para menores.
