Impulsada por el oficialismo tras acuerdos con bloques dialoguistas para evitar la prórroga de la ley de emergencia, la iniciativa establece un marco legal permanente, garantiza el 70% de la jubilación mínima y habilita el trabajo registrado con un tope salarial.
El Senado trata este jueves el proyecto de la nueva Ley de Discapacidad, que cuenta con media sanción de Diputados por abrumadora mayoría (237 votos) y se perfila para convertirse en ley con un amplio consenso. La iniciativa surgió como una salida política negociada entre La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y aliados provinciales para evitar que la oposición prorrogara la actual Ley de Emergencia en Discapacidad (27.793), que vence el 31 de diciembre y generó fuertes disputas parlamentarias y vetos desde el inicio de la gestión. Con el respaldo adicional que significó el reciente mensaje del papa León XIV en el Cottolengo Don Orione sobre el trato a las personas con discapacidad, la norma busca reemplazar el concepto transitorio de “emergencia” por un marco legal estable, con garantías presupuestarias y reglas claras para beneficiarios y prestadores.
Puntos Claves
- Monto y actualización de pensiones: Mantiene el valor de las pensiones no contributivas por discapacidad e invalidez laboral en el equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio. Se actualizarán mensualmente bajo la fórmula del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y serán compatibles con otros programas sociales, como la Asignación Universal por Hijo (AUH).
- Compatibilidad con el trabajo formal: Los titulares podrán acceder a un empleo registrado (en relación de dependencia o bajo regímenes tributarios) sin perder el beneficio, siempre que sus ingresos no igualen ni superen los dos salarios mínimos (equivalente hoy a $797.600). Si exceden ese tope, la pensión se suspenderá temporalmente y podrá rehabilitarse cuando caigan los ingresos o finalice el vínculo laboral.
- Nomenclador y cobertura de salud: Sostiene la vigencia del nomenclador universal para las prestaciones básicas (rehabilitación, transporte, acompañantes) con actualización por inflación (IPC), y garantiza la cobertura médica para todas las pensiones por invalidez y discapacidad sin distinción.
- Auditorías y cruce de datos: Crea un sistema permanente de control a cargo de la Secretaría Nacional de Discapacidad, que cruzará bases de datos con ANSES, ARCA, ReNaPer, SINTyS y la Secretaría de Trabajo. Ante presuntas irregularidades, se notificará al titular para que presente un descargo antes de aplicar suspensiones preventivas, manteniéndose el derecho a pedir la rehabilitación provisoria mientras dure el trámite administrativo.
- Financiamiento blindado y deuda con prestadores: Los fondos saldrán inicialmente del Ministerio de Salud y, de ser insuficientes, se cubrirán con partidas del Tesoro (Jurisdicción 91), garantizando por ley que el presupuesto no caiga en términos reales respecto al año anterior. Además, incorpora una cláusula para regularizar las compensaciones adeudadas a los prestadores.
- El factor político en el Senado: Pese a que desde el Ministerio de Economía intentaron impulsar retoques de último momento para cuidar el equilibrio fiscal, la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, descartó cambios debido a que modificar un texto aprobado casi por unanimidad en Diputados exigiría reunir más de 60 votos en la Cámara alta.
La inminente sanción de la nueva Ley de Discapacidad representa una solución de compromiso frente a uno de los conflictos sociales y políticos más sensibles que enfrentó el Gobierno. Al ceder ante la presión de los bloques aliados y el impacto público de la visita papal, el oficialismo logra desactivar la prórroga de la ley de emergencia a cambio de institucionalizar un esquema permanente. Para los beneficiarios y prestadores, la norma aporta previsibilidad financiera y reglas estables de compatibilidad laboral, aunque el desafío real comenzará en la etapa de reglamentación y ejecución de las auditorías sin que los controles administrativos deriven en recortes injustificados.



