Tras días de tensión bilateral por el inminente viaje del carguero Danstar desde Punta Arenas hacia las islas, la administración chilena aclaró que el Estado no organiza la operación y advirtió que la embarcación privada debe someterse a la normativa vigente.
En un movimiento destinado a descomprimir la creciente tensión diplomática con la Argentina, el gobierno de José Antonio Kast dio un giro en su discurso y reconoció que el buque carguero Danstar —operado por la naviera privada Easter Island Logistics— debe solicitar autorización para cubrir la ruta comercial entre Punta Arenas y las Islas Malvinas. La aclaración oficial busca desligar al Estado chileno de la operación y contrasta con el tono desafiante que había mantenido la Cancillería trasandina la semana pasada. Mientras la embarcación completa su alistamiento técnico en el sur de Chile, la definición coloca ahora la presión sobre el gobierno de Javier Milei, que evalúa desde sanciones económicas hasta una eventual interceptación por parte de la Armada Argentina.
Puntos Claves
- La aclaración de La Moneda: El ministro vocero y subsecretario general de Gobierno, Gonzalo Arenas Hodar, aseguró que el carguero “tiene que pedir permiso” y deslindó responsabilidades estatales: “El Estado de Chile no tiene que pedir permiso, el que tiene que pedir permiso es el buque. Los barcos que van hacia Malvinas son los que tienen que pedir permiso para atracar en Malvinas, no el Estado de Chile y, por lo tanto, se tendrán que cumplir con todas las obligaciones que correspondan por parte de un barco privado”.
- Cambio de narrativa: La postura del vocero marca un viraje significativo respecto a los dichos del canciller chileno Francisco Pérez Mackenna, quien la semana pasada le había respondido a su par argentino Pablo Quirno que “los países no piden permiso”.
- Equilibrio en el Estrecho de Magallanes: Al subrayar que el Estado chileno no solicita autorizaciones, el gobierno de Kast resguarda su posición histórica en el Tratado de Límites de 1881, el Tratado de Paz y Amistad de 1984 y los protocolos bilaterales sobre el Estrecho de Magallanes. De este modo, también contiene la presión de siete excomandantes en jefe de la Armada chilena, quienes exigían no sentar precedentes estatales en la vía interoceánica.
- Reconocimiento indirecto: Al exigirle a la naviera que cumpla con todas las obligaciones correspondientes, la administración chilena convalida en los hechos la vigencia del Decreto PEN 256/2010, que regula el tránsito de embarcaciones entre el continente y las Malvinas, reconociendo indirectamente la autoridad reguladora de la Argentina en la zona.
- La pelota en cancha argentina: Con el Danstar ya fondeado en Punta Arenas preparándose para zarpar, el gobierno de Javier Milei deberá definir el curso de acción frente a un eventual viaje sin autorización, escenario en el que se analizan sanciones económicas o el despliegue de la Armada.
La declaración del gobierno chileno funciona como una válvula de escape calculada para evitar un conflicto diplomático mayor con la Casa Rosada, en un vínculo bilateral que ya arrastra fricciones previas por el Estrecho de Magallanes. Al trasladar toda la responsabilidad legal sobre la empresa privada, Kast logra preservar sus equilibrios internos y los tratados históricos sin desafiar abiertamente la normativa argentina sobre Malvinas. Ahora, el foco se traslada a Buenos Aires, donde el Ejecutivo deberá demostrar firmeza y definir qué medidas aplicará si la naviera intenta reactivar la ruta comercial sin el permiso correspondiente.



