El artículo 85 del proyecto de blanqueo que envió el Gobierno establece castigos para quien filtre o divulgue información sobre quienes adhieren al blanqueo. Un periodista que publique información podría sufrir hasta dos años de prisión y una multa igual al monto que blanqueó el “damnificado”. Grave amenaza a la Constitución Nacional.En su columna de Página 12, el periodista Horacio Verbitsky alertó sobre el artículo n°85 del proyecto de blanqueo que el Gobierno nacional giró al Senado para su debate: “Si un periodista contara que Nicky Caputo se propone blanquear 100 millones de dólares que esconde en Jersey, el doctor Glock podría detenerlo, poner su casa patas arriba y multarlo en 100 millones de dólares”.
En efecto, la iniciativa busca castigar a quienes pudieran acceder a información sobre el origen de los fondos que ingresen por el sistema de blanqueo que busca implementar el gobierno, estableciendo hasta dos años de pena en prisión y una multa “igual al valor de los bienes exteriorizados por aquel que hubiera realizado la declaración voluntaria y excepcional que se hubiera revelado o divulgado o cuyos hechos, actuaciones, documentos, datos o información se hubiera regulado”.
De esta forma, Mauricio Macri, quien reconoció tener 18 millones en un paraíso fiscal de Bahamas luego del escándalo internacional de los Panamá Papers, se protege a sí mismo y a sus amigos: la mitad de su gabinete tiene cuentas en el exterior.
Una vez más, dice el periodista, “Macrì vuelve a usar a los jubilados”: “Maurizio Macrì no piensa en 1955 sino en 1992: su proyecto de ley de emergencia previsional y sinceramiento fiscal (ambas son expresiones del texto) se inspira en la vinculación que Carlos Menem y Domingo Cavallo establecieron aquel año entre la privatización de YPF y el pago de deudas previsionales y con las provincias”, asegura.
Por otra parte, voces de la comunicación se alzaron en defensa de la libertad de prensa. Martín Becerra, doctor en Ciencias de la Información, denunció en su blog que “el texto (del proyecto) repone el estilo de las leyes mordaza que han sido sistemáticamente criticadas en la Argentina por todo el arco político e incluso por funcionarios del actual elenco gubernamental que han tenido en el pasado vínculo con organismos defensores de la libertad de expresión”.
“Además, va a contramano de los avances logrados para despenalizar los llamados “delitos de opinión” en casos donde esté comprometido el interés público, ya que tal y como está redactado el proyecto de ley toda divulgación de datos de los sujetos beneficiados con el blanqueo es penalizada con penas de uno a tres años de prisión”, agregó.
