Es la parte del acuerdo que resiste la oposición. Para Guzmán, el stand by no sirve sin el plan. Apuestan a ayuda de los gobernadores radicales Morales y Valdés. El PRO pide dictamen propio.
Sergio Massa recibirá este martes a los jefes de Juntos Por el Cambio en Diputados para negociar la aprobación del programa económico que incluye el acuerdo con el FMI y forma parte del proyecto de ley enviado por Alberto Fernández el viernes.
Hasta ahora, el principal frente opositor sólo acepta votar el stand by, que es el crédito otorgado para pagar los vencimientos pautados por Mauricio Macri en 2018, aunque para el ministro de Hacienda Martín Guzmán las dos cuestiones son correlativas y así lo dejó expreso en el proyecto.
La sesión está pautada para el jueves o viernes y pese a la rebelión del kirchnerismo, que este lunes retiró a sus diputados de la comisión de presupuesto antes que se iniciara el debate, en el Gobierno hay confianza de alcanzar una mayoría.
Se esperanzan en la ayuda del bloque UCR por gestión de los gobernadores Gerardo Morales (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes), que resultarían afectados si hay default. Los invitaron a exponer este martes en las comisiones y aprovecharán la visita para negociar el programa económico, tal vez en una reunión con gobernadores peronistas en el despacho de Massa.
Pero la negociación no está cerrada, porque los diputados radicales, que tienen voluntad de acompañar, piden algún retoque en el articulado que por ahora no es considerado en la Rosada. “Si logran una redacción mejor, la ley sale”, confirmó a LPO uno de los negociadores del bloque dirigido por Mario Negri, que se reunirá este martes por la noche para evaluar una salida.
A Guzmán no le convence, pero escuchará las propuestas que le acerque Massa. Hay tiempo hasta el miércoles, cuando se firmarán los dictámenes. El jefe del bloque oficialista Germán Martínez no descartó revisar el texto si no queda opción.
“No somos necios: si hay propuestas superadoras, que garanticen los objetivos que tiene que tener el Poder Ejecutivo en una negociación muy compleja con el Fondo, y permite elevar la base de consenso, nosotros estamos disponibles a escuchar. Pero tiene que ser una situación de compromiso: no para sacarle el cuerpo”, solicitó en una entrevista a Diputados TV.
Fuentes de la bancada oficialista vinculadas a la negociación aseguran que, “con fórcep”, la ley sale, porque ni los gobernadores ni otros sectores de la oposición se animarán a dejarla caer, por el costo político que les traería cuando quieran presentarse como opción de gobierno.
Por si acaso, los empresarios del círculo rojo también irán este martes al Congreso a pedir su aprobación. Llegarán después de sindicalistas y organizaciones sociales, todos a favor del acuerdo. Los que están en contra, como la CTA autónoma, marcharán el miércoles en las calles.
El PRO está muy duro y amenaza con un dictamen propio si mantiene los anexos del memorándum económico adjuntado, que es el plan comprometido por Guzmán ante el FMI para garantizar la capacidad de pago.
Consiste en metas de reducción del déficit fiscal y del financiamiento del Banco Central al Tesoro hasta alcanzar el equilibrio en 2025, con medidas como reducción de subsidios a los servicios, retoques de impuestos (a través de una revaluación de los bienes) y revisión de los regímenes especiales de jubilación. También se recomienda alargar la vida laboral, pero no de forma compulsiva.
Massa escuchará las propuestas de la oposición cuando se reúnan, para luego iniciar la negociación con Guzmán. El radical Ricardo Buryaile estuvo por adelantarla cuando, en plena comisión, le preguntó al ministro si estaba dispuesto a cambiar algún artículo. El oficialista Carlos Heller, a cargo del plenario, lo eximió de responder. “Ese es un tema nuestro; no tiene que contestar”, le instruyó. Podría haber hablado de más.
La importancia de la UCR se debe además a que sus 18 senadores son necesarios para reemplazar un rechazo del kirchnerismo en esa Cámara, donde no está permitido el artilugio de la abstención, que consiste en habilitar el quórum, no votar y ayudar a aprobar una ley con menos adherentes que los necesarios para una mayoría propia. La única colaboración que sirve es apoyar el acuerdo.
El meollo de la cuestión es el artículo 2 de la ley, que pide aprobar el memorándum técnico (un glosario de definiciones) y el económico.
En el zoom de este domingo, los jefes de Juntos se comprometieron a votar a favor del artículo 1 y en contra del 2 (que es el de los memorándums), pero pronto advirtieron que la redacción impedía esa decisión, porque define al programa como parte necesaria del standy by.
El dictamen que propone el PRO sería solo con el artículo 1 y podría alcanzar la mayoría en el recinto, si acompañan los diputados cercanos al gobernador Juan Schiaretti.
Pero Guzmán sostuvo que sin memorándum el stand by se cae y fue refutado una y otra vez por los diputados de Juntos. “El FMI no sólo presta, sino que pide un programa. Lo que se ha negociado es el programa, que incluye un compromiso de política y condiciones”, explicó el ministro.
Detalló que la negociación con el FMI tiene un capítulo con el staff, que pide “compromisos de políticas”; y luego llegan los accionistas, que son los Estados. “Argentina ha intervenido en negociaciones para cambiar los reglamentos”.
Y dijo que como “Estado-Nación”, Argentina necesita un programa económico por ley, para que el FMI no deba volver a sentarse con cada gobierno que asuma. O sea, la oposición debería respaldar su acuerdo aunque no haya participado de la elaboración, una situación que los irrita.
Los diputados Luciano Laspina (PRO), Juan López (Coalición Cívica), Martín Tetaz (UCR) y Margarita Stolbizer se turnaron para exigir eliminar del proyecto el programa económico. Laspina lo justificó con fundamentos del derecho internacional público: “La doctrina Guzmán establece que el Congreso tiene que definir políticas económicas, cuando sólo tiene la misión sobre el endeudamiento”.
“Usted viene al Congreso con una ley que trae un enlatado, donde nos quiere hacer socios del ajuste inevitable que tenemos por delante, porque el Gobierno en los dos últimos años, primero con la excusa de la pandemia y después de la post-pandemia, se quedó sin financiamiento y sin recursos”, agregó el santafesino.
Guzmán no lo toleró: “El FMI, se supone, lo que debe hacer es apoyar a un país cuándo hay problemas de la balanza de pagos. Para que el financiamiento exista se debe acordar políticas. No está en el menú decir ‘acá están, estos son los desembolsos y nos vemos en unos años’. No funciona así”.
Tetaz enumeró varios compromisos del memo económico que le marcan la hoja de ruta al Congreso. “¿Qué pasa si votamos en general, pero no el programa económico del artículo 2? Hay referencias en este memorándum al Presupuesto 2023. ¿Tenemos que aprobarlo sí o sí?”, se preguntó y no se conformó con las respuestas evasivas.
“¡No me está contestando ninguna pregunta!”, se indignó el economista y exigió saber cuánto será el aumento estimado de las tarifas sobre el 10% de la población que no tendrá más subsidios. “Depende del costo de la energía. No tengo la bola de cristal”, retrucó Guzmán.
El liberal José Luis Espert anunció que votará en contra, pero coincidió con el ministro en que separar el financiamiento del programa es imposible. “Es como una hipoteca. No se puede sacar”, le explicó a Juntos. El debate sigue el martes.
