El proyecto fue aprobado por unanimidad. Se estima que alcanzará a 9 millones 200 mil personas e implicará un costo de 30 mil millones de pesos. Senadores de distintos bloques pidieron que la norma se financie con aportes del Tesoro para no afectar las arcas provinciales. Con 61 votos, de manera unánime, el Senado convirtió en ley este miércoles el proyecto del Poder Ejecutivo para devolver una porción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a jubilados y beneficiarios de planes sociales por las compras en comercios minoristas.
Se estima de manera oficial que la ley beneficiará a 9 millones 200 mil personas, entre quienes perciben jubilaciones y pensiones por fallecimiento que cobren el haber mínimo; la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo; y pensiones no contributivas nacionales.
La magnitud del reintegro –que será por cada prestación recibida- no podrá ser inferior al 15 por ciento del monto de las operaciones, y el importe del tope mensual será inicialmente de 300 pesos, monto que será actualizado de forma semestral.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Juan Manuel Abal Medina, adelantó el apoyo del Frente para la Victoria a la iniciativa, al destacar que permitirá “bajar la presión tributaria a los sectores más vulnerables” y “transitar un camino a un régimen impositivo más progresivo”.
El senador kirchnerista destacó además que la medida se inscribe en un contexto donde muchos sectores “están viviendo una situación compleja por el tema tarifario”, a razón de los aumentos en los servicios públicos.
Por su parte, Silvia Elías de Pérez (UCR-Cambiemos) explicó que, dado que la única forma de acceder al reintegro será a través de medios electrónicos de pago, la instalación del Posnet será gratuita para los pequeños comercios, y se les bonificará el cien por ciento del monto de las transacciones.
“Este es un acto de estricta justicia social”, celebró el chaqueño Ángel Rozas, presidente del bloque radical, al indicar que el alivio sobre los sectores más vulnerables será mayor.
El grueso de los senadores de la oposición pidió que el costo fiscal de la ley, estimado en 30 mil millones de pesos, sea absorbido por el Tesoro para no afectar las arcas provinciales, dado que el IVA es un impuesto coparticipable.
“El impacto repercutirá en las fatigadas arcas de las provincias”, pronosticó Norma Durango (PJ La Pampa), y agregó entonces que la retribución del 15 por ciento de la coparticipación pactada con el Gobierno nacional será “estéril”.
En la misma línea, el puntano Adolfo Rodríguez Saá (Interbloque Federal) se quejó de que “no ha habido ninguna reunión de gobernadores con el presidente para tratar este tema”. “Tenemos que actuar con prudencia”, expresó.
Adhirió a esta postura el jefe del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Pichetto, que si bien aplaudió el espíritu de la norma, auguró que “seguramente va a ser motivo de controversia judicial”. “Están violentando una cuestión que es una discusión Nación-provincias”, lamentó.
Liliana Fellner (FpV-Jujuy) marcó las deudas en materia de “conectividad”, sobre todo en las provincias del Norte, donde incluso a algunas localidades “no llega el teléfono fijo”. “Existen poblaciones en el interior sin Posnet ni telefonía y debemos trabajar en ello”, abundó Alfredo Luenzo (Chubut Somos Todos).
Al cierre del debate, el radical formoseño Luis Naidenoff aclaró frente a las críticas a la gestión macrista que “esta no es una medida aislada” en materia social, y recordó que el presidente “amplió las asignaciones familiares a los trabajadores en relación de dependencia y se modificaron las escalas”.
Sobre el impacto del reintegro del IVA, respondió a los planteos de la oposición: “Yo me quedo con el acuerdo entre el Gobierno nacional y las provincias por el 15 por ciento la coparticipación. Yo me quedo con esa foto”.
“En materia de justicia social, vamos por el buen camino, en una situación difícil”, dijo Naidenoff a poco de cumplirse 180 días de la gestión de Macri.
Por acuerdo de senadores de todos los bloques, la ley será pulida en la reglamentación para que quede claro que sólo los pequeños comercios –y no los grandes supermercados- serán beneficiarios de los subsidios para afrontar los costos del sistema Posnet.
