El Ministerio de Economía mantiene paralizados proyectos estratégicos en suelo bonaerense a pesar de contar con financiamiento internacional, marcando una clara diferencia con las provincias que respaldaron al Gobierno en el Congreso.
La provincia de Buenos Aires enfrenta una crisis en infraestructura debido a la falta de firma de avales por parte del gobierno nacional. Aunque diversos proyectos cuentan con financiamiento comprometido por organismos internacionales como el BID, la CAF y el Banco Europeo de Inversiones, la negativa del ministro Luis Caputo impide su ejecución. Mientras Buenos Aires permanece sin respuestas, el Gobierno nacional sí ha otorgado garantías a otras diez provincias que apoyaron su gestión en el Congreso, liberando cerca de 2.000 millones de dólares para diversas obras. La justicia, mediante un oficio del juez Alberto Recondo, solicitó una respuesta a Nación, la cual permanece en silencio a pesar de haber superado el plazo de diez días otorgado.
Puntos Claves
- Obras estratégicas paralizadas: Proyectos críticos como la nueva planta depuradora cloacal para La Plata, Berisso y Ensenada, un túnel aliviador en el sur del conurbano y un acueducto financiado por fondos kuwaitíes se encuentran frenados.
- Impacto vial: La falta de avales también afecta la construcción de autopistas en la Ruta 11 y las obras integrales en la Ruta 6.
- Financiamiento en riesgo: Existen préstamos, como el dragado del Río Salado con el BEI, que corren peligro al requerir la aprobación de Nación para prórrogas.
- Trato diferencial: Mientras Buenos Aires espera, provincias como Jujuy, Salta, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, entre otras, han recibido las firmas necesarias para avanzar con sus proyectos productivos y de servicios gracias a su alineamiento político.
- Plazos vencidos: El Poder Judicial otorgó un plazo de diez días al Ministerio de Economía para responder por los pedidos de avales de la provincia, pero el gobierno nacional ha optado por el silencio.
Opinión de ADN21
El manejo de los avales internacionales se ha convertido en la herramienta de presión política predilecta de la gestión libertaria. No es casualidad que los fondos fluyan hacia las provincias que acompañaron al Ejecutivo en el Congreso, mientras que los territorios gobernados por la oposición sufren un estrangulamiento técnico que termina afectando servicios esenciales como el saneamiento cloacal y el acceso al agua. Esta discrecionalidad no solo profundiza la grieta política, sino que pone en riesgo inversiones estratégicas que exceden los mandatos provinciales. Si el Gobierno persiste en esta postura, el costo de las obras será, a mediano plazo, mucho más elevado, no solo en dólares, sino en el deterioro de la calidad de vida de los ciudadanos bonaerenses que quedan atrapados en medio de esta disputa.
