Los diputados nacionales Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot, integrantes del bloque Encuentro Federal, presentaron una medida cautelar por derecho propio contra el Poder Ejecutivo Nacional para frenar los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, que había dispuesto la derogación de la Ley de Tierras. La acción judicial se activa luego de que la Corte Suprema revocara el amparo previo por cuestiones procesales, dejando nuevamente sin vigencia los límites a la compra de campos por parte de extranjeros.
Tras el pronunciamiento del máximo tribunal del pasado 29 de septiembre —el cual rechazó la demanda impulsada por el CECIM al considerar que carecía de legitimación, sin expedirse sobre la constitucionalidad de la norma—, la derogación de la Ley N° 26.737 recuperó plena vigencia. Ante esta situación, los legisladores reclamaron a la Justicia una medida interina de aplicación inmediata para evitar que se concreten compraventas de tierras rurales y recursos hídricos estratégicos que luego puedan consolidarse como derechos adquiridos, advirtiendo sobre el peligro de vaciar de contenido una eventual revisión legislativa futura.
Puntos Claves
- Sin restricciones vigentes: Al quedar sin efecto los límites legales, actualmente no operan los topes porcentuales para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros ni las prohibiciones sobre zonas ribereñas de cuerpos de agua.
- Resguardo preventivo: La cautelar busca blindar los recursos naturales y evitar la consolidación de operaciones inmobiliarias de envergadura mientras se discute el fondo de la cuestión constitucional.
- Crítica al uso de DNU: Pichetto y Massot argumentaron que el decreto no cumplía con los requisitos de necesidad y urgencia previstos por la Constitución Nacional, recordando que el Congreso se encontraba operativo y que el propio Senado ya había rechazado el DNU en marzo de 2024.
- Pedido de urgencia: Los diputados solicitaron una medida interina inmediata y, subsidiariamente, medidas de preservación sobre los registros de titularidad y la información pública del proceso, recayendo la causa en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 1.
La ofensiva judicial encabezada por Pichetto y Massot traslada al terreno institucional y judicial un debate central sobre la soberanía de los recursos naturales y las facultades del Congreso frente a los decretos de necesidad y urgencia. Con esta cautelar, los legisladores buscan poner un freno temporal a la desregulación económica en materia inmobiliaria rural, exigiendo que sea el Poder Legislativo el único ámbito facultado para legislar sobre la disposición de activos estratégicos para el país.
