Beneficia a trabajadores informales, monotributistas, empleadas domésticas y jubilados. Intenta atenuar la crisis social.
En un acto relámpago, el Gobierno anunció anoche un bono de emergencia de hasta $ 18.000 para recomponer los ingresos de más de 10 millones de trabajadores informales, monotributistas, personal de casas particulares y jubilados, mientras confirmó que impulsará en las próximas semanas un proyecto para gravar la renta extraordinaria de las grandes empresas.
Las medidas fueron presentadas ayer a las 19 en el salón Blanco de la Casa Rosada por el Presidente y el ministro de Economía, quienes estuvieron reunidos más temprano para ultimar los detalles. El Gobierno lo resolvió tras la fuerte suba de los precios de los alimentos, que en el primer trimestre superó el 20%, y las presiones del kirchnerismo para desplazar a Martín Guzmán.
“Estas medidas son muy necesarias por el impacto de la inflación en el primer trimestre. Debemos garantizar que no decaiga en el bolsillo de los argentinos y fundamentalmente de los sectores más vulnerables, que se mueven en el marco de la informalidad”, dijo Alberto Fernández, acompañado de Guzmán frente a una comitiva reducida de gobernadores, empresarios y sindicalistas
Luego de preparar los anuncios el fin de semana con su equipo en Chapadmalal, el ministro detalló que habrá un refuerzo de $ 18.000 en dos cuotas de $9.000 a pagarse en mayo y junio para trabajadores de entre 18 y 65 años sin ingresos formales, trabajadores de la categoría A y B del monotributo, y empleadas de casas particulares, estén o no registradas.
Por otra parte, los jubilados y pensionados con hasta dos haberes mínimos ($ 64.000) recibirán un bono de $ 12.000 en una cuota, lo que sumado a la suma de $ 6.000 otorgada este mes les permitiría equiparar la ayuda extraordinaria que recibirán ahora los sectores informales.
Para percibir el nuevo ingreso, los beneficiarios deberán inscribirse a través del sitio del organismo, donde se publicarán los requisitos en las próximas horas. El mecanismo sería similar al que se utilizó en 2020, cuando 9 millones de personas recibieron el IFE, de $10.000 durante tres meses.
Si bien se evaluó financiar las medidas con un impuesto a la “renta inesperada”, los fondos saldrán de la mayor recaudación que se espera a partir de un crecimiento de la economía previsto del 4% en 2022. En marzo, los ingresos crecieron 62,5% interanual, su máximo valor a precios constantes desde 2017.
Después de conocerse la semana pasada que la inflación en marzo fue del 6,7%, el mayor nivel en 20 años, Guzmán explicó que las medidas “buscan proteger el poder adquisitivo de quienes están en mayor situación vulnerable” y aseguró que avanzarán con un proyecto legislativo que será discutido con la UIA y la CGT para gravar las ganancias extraordinarias.
“En próximas semanas vamos a estar convocando a fuerzas productivas, laborales y políticas en la construcción de un mecanismo que nos permita capturar parte de la renta inesperada, que no es producto de la inversión sino de la la guerra”, explicó el ministro de Economía. Y agregó que la “alícuota” será sobre ganancias superiores a los $ 1.000 millones anuales.
Según Guzmán, el criterio es que la ganancia media imponible real haya aumentado en forma significativa este año respecto al 2021 y la contribución será menor si la renta inesperada se canaliza hacia inversión productiva. En ese sentido, señaló que un 3,2% de las empresas tuvieron resultados por ese encima del tope anunciado.
El costo fiscal de las medidas será de $ 200.000 millones, un gasto que sería financiado con la recaudación, precisaron en Economía. Y no afectaría los números que el FMI evaluará en la revisión de mayo, ya que se cumplieron las metas del primer trimestre. Por caso, el déficit fiscal fue del 0,25% del PBI en los primeros tres meses, por debajo del techo del 0,32%.
Guzmán espera conversarlo con la directora del FMI, Kristalina Georgieva, y el staff del organismo, tras embarcar anoche rumbo a la asamblea en Washington del FMI y el Banco Mundial.
