La Corte Suprema de Justicia atraviesa un momento de máxima tensión institucional y política tras el costoso costo social que dejó su fallo avalando la derogación de la Ley de Tierras. El impacto del pronunciamiento —leído como un respaldo a la desregulación económica de Javier Milei— obligó al tribunal a redactar una inusual aclaratoria para intentar contener las críticas, mientras en su interior se desató una fractura expuesta entre sus tres integrantes que derivó en la necesidad de convocar a conjueces.
El malestar interno estalló a raíz del repudio público que sufrieron los magistrados, especialmente luego de que un escrache en San Martín de los Andes pusiera en el centro de la escena a Carlos Rosenkrantz. El juez, irritado al considerar que sus colegas Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti lo expusieron deliberadamente al programar su exposición pública en coincidencia con la protesta, decidió romper filas. Ante el nuevo planteo presentado por la legisladora rionegrina Magdalena Odarda —quien exigió saber si el fallo contra el CECIM alcanzaba a su ONG Árbol de Pie—, Rosenkrantz se negó a conceder la cautelar protectoria. Esta disidencia, sumada a la vacancia histórica que mantiene al máximo tribunal con sólo tres ministros, obligó a sortear y convocar a los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci para destrabar una mayoría.
Puntos Claves
- Fractura en el máximo tribunal: El quiebre en la relación entre Rosatti, Lorenzetti y Rosenkrantz quedó al descubierto tras los cruces por el impacto político del fallo sobre la extranjerización de tierras rurales.
- El factor patagónico: Rosenkrantz recriminó a sus colegas haberse “escabullido” antes del escrache de ATE en San Martín de los Andes, lo que motivó su negativa a firmar un giro favorable en la cautelar ambiental.
- Convocatoria de urgencia: Al persistir la disidencia y requerirse unanimidad ante la conformación de tres miembros, el tribunal debió recurrir formalmente a los camaristas federales Barroetaveña y Pérez Curci para destrabar el expediente.
- Apuro político en el Congreso: La maniobra de la Corte por reparar el daño institucional es observada con extrema atención por el oficialismo, que necesita descomponer el clima en el Parlamento para evitar que la oposición alcance el quórum el próximo 15 de octubre y logre derogar definitivamente el DNU 70.
La crisis desatada en la Corte Suprema trasciende la mera disputa jurídica para convertirse en un dolor de cabeza político tanto para los magistrados como para la Casa Rosada. Mientras el tribunal intenta corregir el rumbo mediante sutiles giros procesales y el auxilio de conjueces, el traspié original en torno a la Ley de Tierras alimenta la presión opositora en el Congreso y desnuda, una vez más, la extrema vulnerabilidad de un máximo tribunal reducido a su mínima expresión operativa.
