El Ejecutivo tiene un plazo máximo de tres días para informar a la jueza qué motivos justifican el traspaso de datos personales de todos los ciudadanos a la Secretaría de Comunicación Pública. Luego, la Justicia deberá resolver el pedido de medida cautelar. Peña dijo que “no hay ningún problema” con el requerimiento de la magistrada.
La Justicia le dio al Gobierno un plazo máximo de tres días para que informe los motivos del decreto que dispuso el uso de la base de datos de ANSES por parte de la Secretaría de Comunicación Pública de la Nación. Así lo determinó la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal María José Sarmiento.
La decisión de la magistrada se dio tras declararse competente para entender en la causa que se abrió a partir del recurso de amparo presentado por la abogada Valeria Laura Carreras, quien pidió la nulidad de la medida. Cuando el Gobierno entregue el informe con los argumentos que justifiquen el uso de los datos, la jueza deberá resolver el pedido de medida cautelar.
Durante la feria judicial, Carreras denunció penalmente al jefe de Gabinete, Marcos Peña, en tanto responsable de la Secretaría de Comunicación Pública. Pese a la denuncia en su contra, Peña dijo que “no hay ningún problema” con el pedido de la magistrada y que “es parte del trámite judicial habitual”.
Si bien el anuncio del uso de los datos personales generó gran repudio y cuestionamientos, el jefe de Gabinete sostuvo que el traspaso de los registros de ANSES “está enmarcado en la ley de Protección de Datos Personales”. Uno de sus argumentos que usó Peña para intentar justificar el uso de los datos fue cuestionar la política de comunicación del gobierno anterior y las cadenas nacionales: “Durante mucho tiempo hubo muchas fallas en la comunicación. Sólo hubo cadenas nacionales para bajar línea y no hubo ningún tipo de diálogo”.
