El ancla del programa será la reducción del déficit fiscal siguiendo una estrategia de shock, que incluye una reforma para el sistema previsional, pero descarta de plano la quita de retenciones y una rápida salida del cepo.
El economista Carlos Melconian se perfila como el futuro Ministro de Economía “de consenso” tanto en un eventual gobierno de Horacio Rodríguez Larreta como de Patricia Bullrich por Juntos por el Cambio.
Cabe recordar que, tras su fugaz paso por el Banco Nación, Melconian cortejó con el albertismo, asesorando al gobierno detrás de las sombras durante toda la gestión del ahora infame Martín Guzmán. Recién en 2022, con la llegada de Massa al Palacio de Hacienda, se cortó toda la comunicación con el economista, quien decidió volver al núcleo del PRO.
Si bien el equipo de Larreta tiene una preferencia por la figura de Hernán Lacunza, el ex ministro de Economía de María Eugenia Vidal en la Provincia de Buenos Aires, y el espacio de Bullrich prefiere a Luciano Laspina, el diputado rosarino, ambos han aceptado que necesitan un “super-ministro” de Economía como viene siendo Sergio Massa, y tras varias reuniones, el nombre al que llegaron es el de Carlos Melconian.
De esta manera, unos días atrás, Melconian presentó oficialmente su plan económico en el ámbito del IERAL, en la Fundación Mediterránea, el think tank cordobés que se ha convertido en la columna vertebral de las ideas económicas de Juntos por el Cambio.
Se nota claramente que el programa presentado que tiene por objetivo ser una hoja de ruta de una eventual gestión suya, y aborda todos los puntos de relevancia en la discusión económica actual.
Entre sus propuestas, menciona una serie de reformas, en algunos sectores de índole gradual, en otros con avances más rápidos, pero lo más preocupante es que para los aspectos más críticos de la economía, parecería proponer seguir sin cambios previstos para el corto y mediano plazo.
Comercio exterior y cepo cambiario
El economista confirmó que el programa no contempla casi ninguna rebaja de retenciones sobre los principales productos de exportación, ni soja, ni trigo ni maíz, ni los productos derivados como el aceite y la harina.
Cabe destacar que tras ser reducidas al principio del gobierno de Macri, las retenciones sufrieron un fuerte aumento a mediados del 2018, y luego otro en diciembre de 2019, y más tarde ya con Alberto Fernández en la Casa Rosada, afrontaron nuevos aumentos entre 2021 y 2022 (especialmente para la exportación de soja). Bajo el programa de Melconian, estas tasas se verán inalteradas.
Solo habrá rebajas o exoneración de retenciones para los productos de las economías regionales, que representan una muy baja participación en la recaudación total por este impuesto. Este volúmen de exportaciones tan solo representa el 8,65% del total, con lo cual no habrá una mayor liberación impositiva.
Desde el punto de vista de las importaciones, la eliminación de restricciones cuantitativas estará íntimamente ligada con el programa aplicado al cepo cambiario. En este sentido, el plan de Melconian descarta una salida de shock similar a la que se produjo en diciembre de 2015.
En su lugar, se apuesta por la eliminación gradual de restricciones cambiarias. De acuerdo al economista Hernán Lacunza, también vinculado a Juntos por el Cambio, el orden gradual en la quita de regulaciones priorizará la liberación de los pagos para las importaciones. La velocidad para la salida del cepo no resulta para nada clara, y según el propio Melconian esto “dependerá de las circunstancias que se reciban en diciembre”.
Estas propuestas contrastan con el plan formulado por el candidato y economista Javier Milei, que propone una rápida salida del cepo cambiario seguido de un plan para dolarizar la economía.
Reforma del gasto público y empresas estatales
La principal herramienta anti-inflacionaria del programa será el ajuste al déficit fiscal, algo para lo cual esta vez sí se elige una estrategia de shock. Pero Melconian tomó distancia del famoso “plan motosierra” de Javier Milei, y en contraste ofrece una reforma mucho menos ambiciosa.
Se propone la reducción del organigrama burocrático estatal, entre secretarías, direcciones y ministerios, a fin de alcanzar una meta de reducción del 25% para el primer año de Gobierno. En comparación, la de Milei sería entre dos y tres veces más significativa.
Por otra parte, el programa establece un ajuste de entre el 3,5% y hasta el 4% del PBI a partir de la eliminación de subsidios económicos a las tarifas, recorte de erogaciones del Sector Público Nacional, y reducción de los aportes y transferencias destinadas a mantener las empresas del Estado.
El recorte del déficit en las empresas públicas se llevaría a cabo, de acuerdo al programa, por tres fuentes principales: el traspaso de empresas de Nación a Provincias de algunas, la reestructuración de otras, el cierre de algunas entidades que se consideren innecesarias o inviables, y la privatización en casos puntuales.
Si bien no se dieron casos específicos, se espera que alrededor del 95% de las empresas del Estado permanezcan en manos estatales. “Es necesario erradicar el déficit fiscal. Hay algunas empresas para cerrar, otras para reorganizar y otras para privatizar. Está en proceso de evaluación”, declaró Carlos Melconian.
Otro punto fundamental para atender la solvencia fiscal de largo plazo será la reforma previsional. El plan Melconian prepara un cierre en la apertura de nuevas moratorias financiadas con los recursos del sistema, y establecer la generalización de la Prestación para el Adulto Mayor (PUAM) para todas aquellas personas que no alcancen un ingreso mínimo.
También se propone la eliminación de todos los regímenes especiales para los nuevos ingresantes al mercado laboral que cotizan recursos a la seguridad social, para converger hacia un único régimen general en los próximos años. La reforma resulta muy poco significativa, y no contempla un mayor ajuste de la edad jubilatoria (una materia pendiente desde los años 90s).
Reforma laboral
La principal apuesta de la reforma laboral explícita en el programa será la creación de un régimen especial con cargas patronales más bajas para pequeñas y medianas empresas, una idea que ya se había explorado en el año 1995 con la llamada “Ley pyme” pero que fue finalmente dada de baja desde 1998.
También se estudia la aplicación de restricciones para la ultra-actividad de convenios colectivos vencidos, y de esta manera evitar su prolongación indefinida. Se propone eliminar las penalidades adicionales que multiplican el costo de las indemnizaciones por despido, e implementar el concepto de “despido optativo” para rebajar costos adicionales en caso de que no fuera el empleador el que decide la desvinculación.
No se menciona la vocación por rebajar las cargas patronales a nivel generalizado y a todas las empresas sin importar su tamaño, como se aplicó durante la segunda mitad de la década del 90 y nuevamente tras la reforma tributaria en 2017. La mayor parte de la reforma se circunscribe al ámbito de las Pymes.
