Redacción ADN21
Un fallo de la Justicia riojana bloqueó el principal acceso logístico al megaproyecto de cobre Josemaría, radicado en San Juan. Mientras Ricardo Quintela exige una cuota de la renta y la contratación de proveedores locales, Marcelo Orrego denuncia la creación de aduanas internas inconstitucionales que ponen en jaque una inversión de 18.000 millones de dólares y disparan el riesgo país.
El escenario minero argentino exhibe, una vez más, su mayor paradoja: una geología que ofrece tesoros de clase mundial frente a una política territorial decidida a levantar muros. El Distrito Vicuña, un complejo que incluye los yacimientos Josemaría y Filo del Sol, promete transformarse en la “Vaca Muerta del cobre”. Sin embargo, el proyecto que proyecta inyectar 18.000 millones de dólares a la economía nacional se ha convertido en un insólito campo de batalla interprovincial. El conflicto enfrenta a los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan) y Ricardo Quintela (La Rioja) en una disputa de poder que excede los límites catastrales y amenaza la seguridad jurídica del país.
La chispa que encendió el polvorín fue una medida cautelar dictada por la jueza riojana María Greta Decker, que paralizó el tránsito logístico hacia la mina por territorio de esa provincia. Aunque el yacimiento se encuentra íntegramente en San Juan —jurisdicción que por ley tiene el derecho exclusivo sobre la explotación de los recursos del subsuelo—, el camino de acceso más utilizado hasta el momento atraviesa la localidad riojana de Guandacol. Las operadoras BHP y Lundin Mining quedaron así atrapadas en un cepo geográfico, en parte por su propia demora en finalizar la traza definitiva que conectará la mina directamente por territorio sanjuanino.
La “coparticipación” de facto y el peaje ambiental
La postura de Ricardo Quintela desafía abiertamente las reglas de juego constitucionales sobre la propiedad de los recursos naturales. El gobernador riojano argumenta que su provincia no aceptará pasivamente el rol de “zona de tránsito”, sufriendo el desgaste de sus rutas y el impacto sobre sus recursos hídricos, mientras la riqueza se exporta por miles de millones de dólares.
Bajo la bandera del impacto social y ambiental, el mandatario riojano exige que los gigantes mineros presenten una Declaración de Impacto Ambiental propia ante sus autoridades, desconociendo los permisos ya otorgados por San Juan. Pero el reclamo esconde un objetivo netamente económico: forzar convenios con proveedores locales y empresas estatales riojanas. En la práctica, Quintela busca instaurar una “coparticipación minera” de hecho, cobrando un peaje por la licencia social necesaria para que los camiones puedan llegar a las altas cumbres.
Aduanas internas y el fantasma de la inconstitucionalidad
Del otro lado de la frontera, la administración de Marcelo Orrego leyó la maniobra riojana como una extorsión y un ataque frontal al federalismo. Para San Juan, ceder ante estas presiones sentaría un precedente destructivo, permitiendo que cualquier provincia intermedia bloquee el desarrollo económico de sus vecinas instaurando aduanas internas encubiertas.
San Juan defiende su soberanía plena sobre los yacimientos, respaldada por la Constitución Nacional, y asegura haber cumplido con los estándares técnicos y científicos más rigurosos para viabilizar el Distrito Vicuña. Ante el bloqueo logístico, Orrego ya movilizó a sus equipos legales para llevar el conflicto a las máximas instancias judiciales, denunciando que La Rioja intenta legislar y juzgar sobre actividades que ocurren fuera de su territorio, operando como una frontera hostil.
El daño colateral: el riesgo país minero
Mientras la política provincial dirime egos y cajas de recaudación en los tribunales, los números que están en juego dimensionan la gravedad del conflicto. El proyecto no solo implica 18.000 millones de dólares de inversión extranjera directa, sino también la creación de hasta 6.000 puestos de trabajo en el pico de obra y regalías calculadas para los próximos 70 años. Para provincias con una fuerte dependencia de los fondos nacionales, esta inyección de capital representa la salvación económica.
El daño, sin embargo, ya está hecho en los despachos de Wall Street y las bolsas globales. El cobre se ha posicionado como el mineral crítico para la transición energética y la electrificación mundial. Frente a un escenario de alta demanda internacional, el mercado observa con perplejidad cómo un proyecto de escala global puede ser detenido por el fallo de un juez provincial y una disputa de caminos. Para la industria extractiva, esta inestabilidad institucional dispara automáticamente el “riesgo país minero”, confirmando que en la Argentina las mayores barreras para el desarrollo no están bajo la tierra, sino en los despachos del poder.
