Las instituciones estarán en Pilar, Cuenca del Salado, Delta, Ezeiza y Saladillo. Los intendentes detrás de cada iniciativa y la negociación con el radicalismo.
Cinco proyectos para crear nuevas universidades nacionales en la provincia de Buenos Aires piden pista en el Congreso de la Nación para ser aprobados en 2022. Las iniciativas tienen estado parlamentario y quienes impulsan su creación lograron acuerdos políticos para que, en Pilar, Cañuelas, Ezeiza, Saladillo y en la zona del Delta (San Fernando, Tigre y Escobar) haya instituciones de educación superior con propuestas que descentralicen la vida académica.
Las cinco ya cuentan con dictamen parlamentario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y tienen acuerdo con el espacio del radicalismo que conduce Emiliano Yacobitti, quien está detrás de la creación de la Universidad de Saladillo, un proyecto diseñado junto al intendente radical José Luis Salomón que es una prenda de negociación importante para la aprobación de estas iniciativas.
Si de negociación se trata la Universidad de Delta puede mostrar credenciales: alcanza a tres municipios como Tigre, Escobar y San Fernando, donde estarán las sedes. Los intendentes Julio Zamora, Ariel Sujarchuk y Juan Andreotti -todos peronistas- se pusieron al hombro la tarea de creación de las instituciones pensando en acercar la cursada a los residentes de una zona con grandes extensiones y más de 950 kilómetros de Delta, que complican la asistencia a las casas de altos estudios más cercanas.
El proyecto fue impulsado por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y quedó en manos de la diputada Alicia Aparicio, integrante de las dos comisiones que deben tratar estas iniciativas, la de Educación y Presupuesto. La también esposa del exintendente Luis Andreotti fue la responsable del proyecto de factibilidad y su despacho. Ella es la cara de la iniciativa que fue acompañada con ordenanzas a favor de los tres los concejos deliberantes involucrados.
En el caso de Ezeiza, ya hay una universidad provincial que cumplió diez años en noviembre pasado y tiene autoridades elegidas hasta 2023. Según el proyecto de creación de la universidad nacional, no se trata una “nacionalización” sino que contempla la firma de un convenio entre el gobierno nacional, a través del Ministerio de Educación, y el gobierno de la provincia de Buenos Aires para la transferencia a la nueva universidad de los bienes de la provincial, los servicios educativos que se acuerden, el personal docente y no docente, y el alumnado.
La creación de la casa de estudios, ubicada en el Barrio Uno, muy cerca del Aeropuerto Internacional, fue impulsada en 2009 por Dulce Granados cuando era diputada provincial, en noviembre de 2011 abrió sus puertas y hoy cuenta con catorce carreras cuyos títulos cuentan con reconocimiento y validez nacional.
El año pasado hubo foto de Granados, ahora presidenta del Concejo Deliberante de Ezeiza; el intendente y exministro de Seguridad de Daniel Scioli, Alejandro Granados; y el exministro de Educación, Nicolás Trotta, demostrando que había acuerdo para que no haya dos universidades sino una en Ezeiza. En esa negociación el actual rector Daniel Galli pidió que no se nombre un interventor o rector normalizador sino que sea reconocido como autoridad.
Un camino distinto tuvo el impulso de la Universidad de Pilar que comenzaron a diseñar el actual intendente Federico Achaval en 2019, cuando entonces era concejal en ese distrito, y su antecesor, el macrista Nicolás Ducoté. El proyecto contemplaba la venta de una porción de las hectáreas del predio del Instituto Carlos Pellegrini a la Unión Argentina de Rugby (UAR).
Esa maniobra generó movilizaciones de vecinos, organizaciones sociales y ambientalistas y se detuvo. La idea es que ese edificio emblemático, ubicado sobre la ruta 25, sea la sede de una universidad con un perfil industrial y tecnológico en un municipio que cuenta con el parque industrial más grande del país.
Si bien el proyecto tiene el sello de Achaval, el ministro de Transporte bonaerense, Jorge D´Onofrio, intervino en su camino en el Congreso cuando ocupó el cargo de diputado por el Frente Renovador (FR). En la presentación realizada en 2020, el jefe del FR y titular de la Cámara de Diputados también estuvo mostrando su aval y en diciembre pasado aseguró que la aprobación estaba “muy cerca”.
En Cañuelas, el camino de creación de la universidad nacional comenzó en 2015 por iniciativa de Julián Domínguez, quien desde su banca presentó el proyecto y hasta llegó a ser aprobado en la Cámara baja. Luego, perdió estado parlamentario hasta que en noviembre de 2019 volvió a ser presentado por la diputada Laura Alonso, exsubsecretaria de Políticas Universitarias y hoy secretaria de Inclusión Social del Ministerio de Desarrollo.
La elaboración de ese proyecto es un trabajo conjunto entre Alonso y la intendenta Marisa Fassi, antes jefa de Gabinete de la Municipalidad de Cañuelas durante la gestión de su esposo, Gustavo Arrieta. Ese distrito bonaerense, con más de 55.000 habitantes, será sede de la Universidad Nacional Cuenca del Salado donde está previsto que se dicten carreras de Ciencias agrarias, Ciencias veterinarias y Ciencias empresariales, Ciencias del Ambiente y Ciencias de la Salud.
Los proyectos no tienen dictamen todavía en ninguna de las dos comisiones donde debe darse su tratamiento: Educación y Presupuesto. El el 1º de febrero comenzarán las sesiones extraordinarias y el acuerdo parlamentario puede traer novedades en la negociación para los proyectos que buscan descentralizar la oferta universitaria bonaerense. El paso siguiente será poner en marcha la rosca para ver quiénes asumirán como autoridades.
