El juicio a la Corte sigue en pie y JxC no dará cuórum para las iniciativas de Economía. Blanqueo sin apuro y otros textos para después de las extraordinarias.
Sergio Massa ya resignó sus pretensiones legislativas de verano. Los proyectos ya terminados que impulsa el Ministerio de Economía sobre blanqueo de capitales, desarrollo de hidrógeno y fomento de la actividad agroindustrial, entre otros, no serán parte del debate del Congreso en sesiones extraordinarias mientras el Gobierno mantenga su decisión de impulsar el juicio político contra los miembros de la Corte, algo que no sucederá al menos en el corto plazo.
El oficialismo cerró filas. Aunque el inicio de debate en la comisión de juicio político que conduce la entrerriana Carolina Gaillard se demorará hasta fines de enero, el Frente de Todos (FdT) no dará marcha atrás en su decisión de impulsar el proceso contra los cortesanos. Así lo acordaron los diputados y diputadas del bloque que forman parte de la comisión, que se reunieron este miércoles para terminar de afinar una estrategia común.
El anuncio de Juntos por el Cambio (JxC) de que no se sentará a discutir con el oficialismo ningún otro proyecto con el oficialismo hasta tanto no abandone su pretensión de avanzar con el juicio político tampoco hizo mella. “Vamos para adelante, no hay ninguna contraindicación”, le dijo a Letra P un integrante del bloque ante la consulta de su la Casa Rosada o el Ministerio de Economía habían pedido ponerle un freno al debate.
La disyuntiva es concreta. El llamado a sesiones extraordinarias que publicará el Gobierno en los próximos días incluirá en el temario el pedido de juicio político a los jueces de la Corte y un conjunto de leyes económicas que pedía el ministro Massa, que diagramó una agenda parlamentaria mientras mantiene el foco de atención en la gestión, en la antesala de una nueva revelación del IPC este jueves a cargo de Indec. Entre las iniciativas se cuentan el blanqueo de capitales, el fomento al desarrollo agroindustrial, proyectos para dar estabilidad a inversiones en gas natural licuado (GNL) e hidrógeno y el monotributo tecnológico, entre otras.
Pero el clima de guerra que se vive entre el oficialismo y la oposición hará imposible su tratamiento. La mesa nacional de JxC ya adelantó que no dará quórum ni brindará su apoyo a ninguno de los proyectos del temario que fije el Ejecutivo para tratar durante las sesiones extraordinarias, salvo que el Gobierno decida dar marcha atrás con el pedido de juicio político.
“Es una excusa, no quieren tratar nada”, apuntó un operador del FdT que está al tanto de las conversaciones con la oposición. En el oficialismo entienden que la estrategia de JxC será trabarle cualquier iniciativa que pueda redundar en una mejora económica. “Se están metiendo en un problemón. ¿Cómo van a explicar que están bloqueando el funcionamiento institucional?”, se preguntan en el FdT.
El margen de negociación se volvió casi nulo desde que, a fin de año, se desató una guerra por la reelección de Cecilia Moreau como presidente de la Cámara baja. La oposición rechazó la designación y la sesión terminó en escándalo. Ni siquiera el acuerdo que Massa había tejido con el radical Emiliano Yacobitti para aprobar la creación de universidades salvó la última reunión del año, que fracasó.
Para entonces, el ministro ya había intentado negociar la aprobación del blanqueo de capitales con algunos diputados de la oposición. “No hay clima para acuerdos, Sergio. Patealo para el año que viene”, sugirió el expresidente de la Cámara Emilio Monzó, diputado de JxC y amigo de Massa. Fue antes de que el Gobierno decidiera impulsar el juicio político contra la Corte y terminara de detonar las relaciones.
El proyecto de blanqueo ya está terminado. Massa lo trabajó junto al titular de la Aduana, Guillermo Michel. Ahora está en manos de la Secretaría de Legal y Técnica, que conduce Vilma Ibarra. Según explicaron a este portal fuentes de Economía, en condiciones normales casi no generaría debate con la oposición, que debería aprobarlo sin inconvenientes. Es muy parecido a los blanqueos que se aprobaron en 2008 y 2016, durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri, respectivamente.
El Gobierno lo necesita para aumentar la recaudación, pero su aprobación tampoco reviste carácter de urgente. Si bien es complementario del acuerdo que suscribió la AFIP con el organismo análogo recaudador de Estados Unidos para el intercambio de información tributaria, lo firmado está vigente desde el 1 de enero y no supeditado al tratamiento de la ley.
“No hay apuro”, bajó los decibeles un colaborador del ministro, que esperará a que baje la espuma para empezar a tejer acuerdos para conseguir la aprobación de las leyes, en diálogo con dirigentes y gobernadores opositores, como hizo con el Presupuesto 2023, que salió holgado en votos. El camino podría allanarse una vez que inicie el período de sesiones ordinarias, el 1 de marzo, y hayan calmado las aguas del debate por el juicio político a la Corte.
