En una nueva jornada de negociaciones contrarreloj, el plenario de comisiones de la Cámara alta no logró reunir las firmas necesarias para avanzar con el proyecto de ley del Súper RIGI. A pesar de los intentos de acuerdo encabezados por La Libertad Avanza, las nuevas exigencias planteadas por los bloques aliados en torno a la compra de insumos locales y la ausencia de varios legisladores obligaron a pasar la discusión a un nuevo cuarto intermedio.
El debate en el plenario de Presupuesto, Economía y Legislación General duró apenas 45 minutos y dejó al descubierto las tensiones entre el oficialismo y sus socios parlamentarios. Si bien se confirmó la incorporación de exigencias técnicas para la construcción de subestaciones eléctricas en proyectos de centros de datos, sectores del PRO, la Unión Cívica Radical y Provincias Unidas endurecieron su postura. Los legisladores reclamaron elevar del 20% al 40% el piso de desarrollo de proveedores locales y establecer la obligatoriedad de adquirir productos nacionales incluso cuando superen en hasta un 15% el valor de los importados. Ante la falta de los respaldos necesarios y ausencias clave, el oficialismo cosechó 20 de las 26 firmas requeridas, diluyendo la posibilidad de llevar el texto al recinto el próximo 10 de septiembre.
Puntos Claves
- Trabas en el plenario: El oficialismo no pudo alcanzar las 26 rúbricas necesarias en el Senado, logrando únicamente 20 avales para el proyecto.
- Nuevas exigencias aliadas: Bloques del PRO, la UCR y Provincias Unidas reclamaron elevar al 40% la cuota de proveedores locales y obligar a la compra nacional con un margen de tolerancia del 15% en costos.
- Ausencias y tensiones: Siete senadores aliados no estuvieron presentes en el recinto, mientras que legisladores dialoguistas decidieron no estampar su firma en el despacho actual.
- Suspensión de plazos: Con este revés, el tratamiento del Súper RIGI en el recinto previsto para el jueves 10 de septiembre quedó postergado a la espera de nuevas tratativas.
Opinión de ADN21
La compleja aritmética parlamentaria demuestra que la gobernabilidad y la sanción de leyes estructurales exigen una negociación política permanente y concesiones reales, muy lejos de los acuerdos cerrados a libro cerrado. Para el oficialismo, la resistencia de los bloques aliados pone a prueba su cintura legislativa, obligando a equilibrar las exigencias macroeconómicas del plan de inversiones con la defensa de las economías y proveedores regionales que reclaman su lugar en el nuevo esquema normativo.
