Con una carrera de precios y salarios desatada, el Gobierno apuesta a intentar conducir la puja distributiva en un escenario en el que ya se discuten revisiones paritarias que alcanzan el 80% de aumento. Para ello volverá a convocar al Consejo del Salario y apuesta la semana próxima a intentar consensuar el pago de un bono para trabajadores privados con empresarios y sindicatos que, así, atenúen los incrementos previstos en las negociaciones salariales.
Esta mañana el ministerio de Trabajo convocó a una nueva reunión para subir el salario mínimo, vital y móvil para el próximo 18 de agosto, desde las 12, de forma virtual. En la actualidad ese ingreso asciende a $47.850, monto que se preveía llegar a fin de año y fue adelantado por la aceleración inflacionaria.
Pese a todo, ha quedado desactualizado por la suba de precios récord de los últimos dos meses. Al incremento acordado del 45%, los gremios convocados aspirarían a llevarlo como mínimo al 60%, una pauta que a todas luces quedó perimida por la difícil coyuntura.
Hace semanas el entonces titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, cerró un 69% de aumento salarial a los empleados legislativos. Ahora como ministro de Economía ha convocado a las centrales gremiales y a las patronales a reunirse el jueves 11 para consensuar el pago de un bono para trabajadores privados que ganen entre $50 y $150 mil, uno de los sectores que más sufren el impacto de la crisis.
En principio la mesa chica de la CGT, que ayer se reunió en UPCN antes de la asunción del ministro de Economía en el Museo del Bicentenario, se opone al pago de «sumas fijas» porque achatan las escalas salariales de cada actividad al tiempo que desfinancian a los gremios. Apuestan al sistema de paritarias libres: anoche la Federación de Comercio, que negocia la mayor paritaria nacional, reabrió su discusión con la intención de sumar un 20% de incremento al 60% ya rubricado con las patronales.
En cambio, Hugo Yasky, de la CTA de los Trabajadores, también presente el miércoles en Casa Rosada, es uno de los que propone estos adicionales no remunerativos porque “de 700 paritarias solo 10 logran acompañar el proceso inflacionario”. Es decir, la mayoría de los trabajadores, sumado a los millones de informales, necesitan un suplemento que les compense el salto inflacionario. El dirigente, además, reclamó la suba del salario mínimo para compensar la pérdida de ingreso de informales y beneficiarios de planes sociales. Pero se mostró comprensivo en que Massa recién está tomando posesión del cargo.
La CGT, en tanto, aún analiza la viabilidad de la marcha convocada para el 17 de agosto hacia el Congreso como forma de interpelar a toda la clase política por su responsabilidad en la actual crisis. Por ahora no fue suspendida como gesto hacia la nueva administración del Palacio de Hacienda. “Hay mucha preocupación”, entre los dirigentes gremiales que apuestan a seguir negociando “paritarias libres” y en obtener una asistencia del Ejecutivo para mejorar la situación financiera de las obras sociales. “La única forma de no hacer la marcha sería que pesara la voluntad de no tensionar todo. Pero hoy sigue vigente”, agregó una fuente sindical consultada. El próximo jueves los jefes sindicales se verán las caras con Massa en el quinto piso del Ministerio de Economía. Y allí podría finalmente definirse la suerte de la anticipada movilización que, elípticamente, cuestiona al gobierno en su responsabilidad por el desborde inflacionario.
