Por ADN21
El proyecto oficial enviado al Senado prevé cortes más altos de bioetanol y biodiésel, habilita la circulación de autos aptos para mezclas superiores y crea un mercado electrónico para la comercialización. La iniciativa busca reducir la importación energética y amortiguar el aumento de los combustibles líquidos.
El Gobierno nacional decidió reabrir un debate histórico en la Argentina al enviar a la Cámara de Senadores un nuevo proyecto de ley de biocombustibles. La administración de Javier Milei puso sobre la mesa una batería de cambios estructurales que miran de cerca el modelo de Brasil, donde el etanol ya ocupa un lugar central en la matriz energética del transporte.
La iniciativa, firmada por senadores afines a La Libertad Avanza, propone elevar el corte obligatorio de biodiésel en el gasoil del 7,5% al 10% en el plazo de un año. En el caso del bioetanol, el corte en las naftas pasaría del 12% actual al 15%. Sin embargo, el punto más disruptivo es que el proyecto deja la puerta abierta para que el Poder Ejecutivo modifique estos porcentajes y habilita expresamente la comercialización de mezclas superiores a las obligatorias.
Esto marca el desembarco formal de los motores “flex fuel” en el país. Se trata de propulsores preparados para funcionar con diferentes proporciones de combustibles fósiles y biocombustibles, pudiendo utilizar indistintamente nafta o etanol puro, tal como ocurre en el mercado automotor brasileño desde principios de los años 2000. La habilitación alcanzará tanto a vehículos nuevos como a unidades modificadas bajo reglamentación específica.
El impulso a esta medida cuenta con el fuerte respaldo de las provincias productoras. Córdoba (principal polo de bioetanol de maíz), Tucumán, Salta y Jujuy (etanol de caña de azúcar) y Santa Fe (biodiésel) reclaman desde hace años un esquema más agresivo que permita expandir inversiones, reducir la importación de combustibles fósiles y agregar valor local.
Además, el texto oficial establece la creación de un mercado electrónico para comercializar biodiésel y bioetanol mediante rondas de negociación, buscando un esquema más competitivo donde el precio ofertado no podrá superar la “paridad de importación”. A su vez, el proyecto incorpora regulaciones para inyectar biometano en los gasoductos nacionales y libera de mandatos mínimos de mezcla al combustible sostenible de aviación (SAF).
Puntos Claves
- Aumento de cortes: El proyecto eleva el corte obligatorio de biodiésel al 10% y el de bioetanol en naftas al 15% en el plazo de un año.
- Llegada de los “flex fuel”: Se autoriza la circulación y comercialización de vehículos preparados para utilizar mezclas superiores de biocombustibles, tomando como espejo la industria de Brasil.
- Mercado electrónico: Se creará una plataforma digital independiente para la negociación de cupos de biocombustibles, buscando mayor competencia y limitando los precios al techo de la paridad de importación.
- Apoyo federal: La iniciativa responde al reclamo histórico de provincias productoras como Córdoba, Santa Fe y Tucumán, que buscan potenciar la capacidad industrial instalada y el agregado de valor agrícola.
- Nuevos combustibles: El proyecto habilita la inyección de biometano en la red nacional de gasoductos y regula la libre comercialización del combustible sostenible de aviación (SAF).
Los que se benefician y por qué: el ajedrez detrás de la ley de biocombustibles
Más allá del debate ambiental o tecnológico, el proyecto de ley que ingresó al Senado para impulsar los vehículos “flex” y aumentar el corte de biocombustibles responde a una convergencia de intereses económicos y necesidades políticas. El rediseño de la matriz energética del transporte en la Argentina no es un movimiento aislado, sino el resultado de un delicado equilibrio donde distintos actores clave de la economía y la política encuentran un beneficio directo.
Al analizar la letra chica del proyecto y el contexto en el que se presenta, queda en evidencia cómo se articulan las necesidades del oficialismo con las demandas del sector privado y los líderes territoriales:
- Los Gobernadores y el sector agroindustrial: La “Región Centro” (con Córdoba y Santa Fe a la cabeza en la producción de maíz y soja) y el Norte argentino (Tucumán, Salta y Jujuy con la caña de azúcar) resultan los grandes ganadores en términos de volumen de producción. Aumentar los cortes obligatorios al 10% en biodiésel y al 15% en bioetanol les garantiza una demanda estructural permanente. Para los mandatarios provinciales, esto se traduce en reactivación de la capacidad industrial instalada, sostenimiento del empleo y mayor dinamismo económico en sus territorios.
- El Gobierno nacional y la urgencia de dólares: La administración de Javier Milei encuentra en este proyecto una doble solución. En el plano político, funciona como un puente de gobernabilidad: dar curso al reclamo histórico del interior productivo facilita el acercamiento con los legisladores y gobernadores de esas provincias, cuyos votos son vitales en la Cámara alta. En el plano macroeconómico, la ecuación de divisas es clara: al sustituir gasoil y naftas importadas por biocombustibles locales (que se transaccionan en pesos), el Estado ahorra dólares. Simultáneamente, un menor consumo de petróleo puro en el mercado interno libera un mayor número de barriles de Vaca Muerta para ser exportados.
- Las petroleras y la liberalización de precios: Históricamente, las empresas de refinación y venta de combustibles fósiles han resistido la ampliación de los cupos de origen vegetal, ya que implica ceder porciones de su mercado. Sin embargo, el proyecto introduce un mecanismo diseñado para calmar esas tensiones: el mercado electrónico. Al eliminar los precios fijados por el Estado y establecer un tope atado a la “paridad de importación”, las petroleras logran que los productores del campo deban competir entre sí. En la práctica, el sector petrolero cede volumen de ventas, pero gana control sobre el precio de sus insumos y evita distorsiones de costos.
- La industria automotriz y la sinergia regional: La habilitación formal de la tecnología “flex fuel” resuelve un cuello de botella industrial histórico. Al poder comercializar vehículos aptos para mezclas altas de etanol en la Argentina, las terminales automotrices logran unificar sus plataformas de producción con Brasil. Esto permite exportar e importar unidades dentro del Mercosur sin la necesidad de modificar el desarrollo de los motores para cada lado de la frontera, lo que representa una reducción drástica en los costos de fabricación a escala regional.
En definitiva, la reapertura del debate sobre los biocombustibles expone cómo la agenda energética está siendo utilizada como una herramienta pragmática. El modelo brasileño funciona aquí como la excusa técnica perfecta para alinear al campo, la industria pesada, los caciques provinciales y las necesidades del Banco Central bajo un mismo marco normativo.
